Una delegación de eurodiputados pregunta al Constitucional por la ley de amnistía y las relaciones con el Supremo

   MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

   Una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo se ha reunido este martes con representantes del Tribunal Constitucional (TC) para "conocer el papel" de la corte de garantías en la ley de amnistía o su relación con el Tribunal Supremo.

   Así lo ha comunicado el TC en una nota de prensa, en la que explica que han sido el presidente Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel los que han recibido a los cinco eurodiputados de la comitiva en el Salón del Pleno de Domenico Scarlatti.

   Cabe recordar que el TC avaló el pasado junio, con los 6 votos a favor de la mayoría progresista y los 4 en contra de la minoría conservadora, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1-O, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la "autoamnistía".

   En la nota de prensa, el TC detalla que también han hablado sobre la protección de los derechos fundamentales, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial o la situación del Estado de derecho en España.

   La delegación del Parlamento Europeo ha viajado esta semana a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de derecho con el fin de redactar un informe.

   Los cinco miembros de la Eurocámara son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

   Su misión es redactar un informe sobre la independencia de la Justicia en España y el marco legal para la lucha contra la corrupción, la situación de la Fiscalía General, la sociedad civil o la calidad del procedimiento legislativo.

PERAMATO DEFIENDE LA REFORMA DEL EOMF

   La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, además de miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal, también han recibido este martes a la delegación, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces por una nota de prensa.

   Posteriormente, se han trasladado a la sede del CGPJ, donde han mantenido un segundo encuentro, en el que, además de la presidenta del TS y del CGPJ, han intervenido los vocales del Consejo General del Poder Judicial Bernardo Fernández e Isabel Revuelta.

   Del mismo modo, los cinco eurodiputados se reunieron este lunes con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que defendió la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), la organización judicial y el modelo de investigación penal.

   Según ha informado la Fiscalía General del Estado, en el caso de la reforma del EOMF, Peramato explicó que "el anteproyecto fiscal introduce modificaciones orientadas a reforzar la estabilidad institucional y la autonomía funcional del fiscal general del Estado, con un mandato único de cinco años no renovable".

   Y recordó que el actual estatuto "prevé unas causas tasadas de cese del fiscal general y que no puede ser cesado por la mera voluntad del Poder Ejecutivo, como ocurre en otros países del entorno europeo".

    Además, Peramato reivindicó "un nuevo modelo procesal penal", en el que una investigación esté dirigida por el Ministerio Fiscal, "tal y como sucede en la mayoría de los sistemas procesales europeos", y atribuyendo al juez "un papel reforzado de garante de los derechos fundamentales".

   La fiscal general llamó a dotar al Ministerio Fiscal de "autonomía presupuestaria", ya que señaló que "España es el único organismo constitucional que carece de ella".

 AF PLANTEA LA "DIFÍCIL SITUACIÓN" DE LA FISCALÍA 

   La delegación se reunió este lunes con representantes de las asociaciones fiscales y judiciales. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha explicado este martes a Europa Press que trasladaron la "difícil situación de la Fiscalía" tras la condena del Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

   En este sentido, la asociación denunció el "empecinamiento" de García Ortiz "en no dimitir cuando se le abrió procedimiento penal" y su "estrategia de defensa de enfrentamiento con el tribunal".

   Asimismo, plantearon que la "limitada reforma" del EOMF "en absoluto profundiza en la independencia" del Ministerio Público "ni establece control interno o contrapeso" al fiscal general.

   La AF también trasladó su preocupación por "la situación del Estado de derecho con las reformas" impulsadas por el Gobierno. Entre ellas, "el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal" de jueces y fiscales sustitutos "sin pasar por una oposición y a través de un sistema que dejará margen para la subjetividad, en detrimento de los derechos profesionales de los fiscales más jóvenes".

OPINIONES DISTINTAS EN LAS ASOCIACIONES JUDICIALES

   Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) trasladó a la delegación que, "pese a las numerosas reformas" impulsadas por el Gobierno en los últimos meses, "no se han consolidado mejoras estructurales" en la justicia española, al tiempo que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) criticó la "falta de dotación económica y de medios materiales y humanos" en los tribunales de instancia.

   Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), explicó a esta agencia de noticias que no han acudido a la reunión porque no se les convocó. Fuentes de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han explicado a Europa Press que tampoco fueron invitados.

   "Cuando nos enteramos, pedimos poder asistir, y nos contestaron que la agenda ya estaba cerrada", señaló el presidente de la asociación judicial. FJI presentó por escrito su "disconformidad" y han enviado otro documento con sus alegaciones.

   Por contra, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) trasladó a los eurodiputados que "la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social".