Delgado defiende su nombramiento como fiscal general y asegura que "no supone una contaminación política"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha defendido este jueves su nombramiento y ha asegurado que "no supone una contaminación política" al no ser "comparable" con los cargos de magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha dicho en el marco de casi cuatro horas y media de comparecencia ante la Comisión de Justicia en el Senado, donde ha acudido para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2020, así como para informar sobre las medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial y sobre la situación en el Ministerio Público tras las declaraciones del teniente fiscal del Supremo sobre el exfiscal del 'caso Villarejo'.

Delgado ha defendido que en su rol como fiscal general se encarga de desarrollar la "política criminal" del Ejecutivo, tal y como lo contempla la Constitución de 1978, por lo que a su juicio su nombramiento "no supone una contaminación política".

Se ha definido como "fiscal y progresista" y ha insistido en que ello "no supone ninguna merma de imparcialidad". A su juicio, se traduce en ser "moderna", "plural", "abierta", "tolerante", "solidaria", "sensible" y "atenta a la problemática que nos rodea".

"Soy fiscal y es lo que quiero ser", ha subrayado para luego insistir en que no desarrolla funciones jurisdiccionales, sino funciones ejecutivas destinadas a una política criminal. "¿Y eso que significa? Ni mas ni menos que poner el foco en cuestiones de especial relevancia o preocupación social en consonancia con lo expresado democráticamente por la ciudadanía, la soberanía popular", ha dicho.

Delgado ha precisado que la Fiscalía General del Estado "es la correcta transmisión entre la voluntad popular y la Justicia, entre el interés social y la Justicia". "No debemos olvidar que los poderes del Estado emanan del pueblo", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que el cargo de fiscal general del Estado tiene una "específica naturaleza" así como una "específica función" que "no puede ser comparable a ser magistrado del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, ni siquiera vocal del Consejo General del Poder Judicial".

SE AMPARA EN LA CONSTITUCIÓN

En el marco de su intervención, ha asegurado que esta comparecencia le "brinda la oportunidad de hacer pedagogía" y para explicar qué es la Fiscalía, a dónde va y a quién se debe. En esta línea, ha recordado que "el cargo de fiscal general del Estado es de designación del Ejecutivo" y que ello es así porque "el legislador constituyente" lo decidió.

Delgado ha destacado que la Constitución de 1978 estableció que el cargo de fiscal general del Estado está integrado en el Poder Judicial con "autonomía funcional", lo que, según ha subrayado, "se materializa en un Ministerio Fiscal independiente del poder ejecutivo".

Ha explicado que España cuenta con un sistema normativo que garantiza dicha independencia y que por ello uno de los principios que rige la institución es la legalidad y la imparcialidad. Así, ha insistido en que el constituyente "puso luces largas en lo que teníamos que hacer y le dio la potestad de proponer el nombramiento (del FGE) al Ejecutivo".

Ha criticado que en ocasiones se utilice el principio de dependencia jerárquica para cuestionar la independencia de la Fiscalía del Ejecutivo. "Quien afirme esto desconoce el funcionamiento y la forma de trabajar de miles de fiscales", ha señalado.

En su intervención, ha hecho referencia al caso de Francia y Alemania, donde según ha explicado el ministro de Justicia puede instruir órdenes a "fiscales de a pie", algo que en España "es imposible".

Además, ha mencionado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el que se guía y en que figuran "principios, controles y contrapesos que no tienen otros ministerios públicos del mundo". Al hilo, ha reiterado la necesidad de una reforma estatutaria. "Necesitamos tener mayores cuotas de autonomía", ha dicho para luego puntualizar los apartados presupuestarios, formativos y normativos. "Mi compromiso personal desde que asumí la gran responsabilidad es ampliar y fortalecer nuestra autonomía", ha añadido.

EL PP CUESTIONA SU IDONEIDAD PARA EL CARGO

Tras la primera parte de su intervención, Delgado ha tenido que escuchar las interpelaciones de los representantes de los grupos parlamentarios. Desde el PP no han dudado en reiterar su negativa al nombramiento de la fiscal y han recordado que ya en febrero le dijeron que no le consideraban la persona idónea para el cargo.

Nada más empezar su turno de palabra, el senador 'popular' Fernando de Rosa le ha pedido a Delgado que "cuando tenga más calma de espíritu" escuche la comparecencia "castrista" y "chavista" que ha dado este jueves. Posteriormente, ha acusado a la fiscal general del Estado de estar "haciendo limpieza ideológica" en el Ministerio Público y de no proteger la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, el senador ha reprochado a la jefa del Ministerio Público que no se haya pronunciado públicamente sobre los comentarios emitidos por la líder de Unidas Podemos y Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el portavoz de la formación 'morada' en el Congreso, Pablo Echenique, contra los magistrados del Supremo. "Permítame que le diga que usted esta actuando como ministra del Gobierno socialista", ha señalado.

De Rosa ha puesto sobre la mesa el voto particular de uno de los magistrados del Tribunal Supremo a la sentencia por la que se inadmitieron los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Delgado. En dicho texto se defendía que en la actual fiscal general no concurría la imprescindible condición de idoneidad. "Quiero que usted reflexione", ha dicho para luego pedirle que "actúe en consecuencia" y "baje de esa nube edulcorada".

En su turno de respuesta, Delgado ha hecho referencia al fallo para defender su nombramiento. "Es un cargo nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y que desarrolla la política criminal. Y así lo ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de noviembre de 2021", ha precisado.