MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ya ha abonado la indemnizaciones a Igor Portu y Martin Sarasola, los miembros de ETA responsables del atentado de la T4, a las que fue condenada España el pasado mes de febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
"España asume el compromiso y el Gobierno cumple en plenitud la Convención Europea de Derechos Humanos" y "acatamos" las resoluciones "con todas sus consecuencias", ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha pedido comparecer por su relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión provisional por el caso 'Tándem'.
Pero en ella también ha sido preguntada por la opinión del Gobierno sobre las reiteradas sentencias por no investigar las denuncias de torturas, así como los planes del Gobierno para actuar contra la tortura y dar pasos en favor del reconocimiento y la reparación de las víctimas de torturas.
El TEDH condenó al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Portu y con 20.000 euros a Sarasola por el trato "inhumano y degradante" que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008.
La corte europea, con sede en Estrasburgo, consideró que la actuación policial en dicho momento supuso una violación del artículo 3 (prohibición de trato inhumano y degradante) de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, aunque rechazó que lo ocurrido pueda ser calificado de tortura, si bien apunta que el maltrato fue lo "suficientemente grave" como para merecer la condena.
APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES INTERNACIONALES
Delgado ha aprovechado para recordar uno de sus "compromisos personal" que es la creación en el Ministerio de Justicia de una "área específica" para que se apliquen en el sistema jurídico español las resoluciones de organismos internacionales que afecten a los Derechos Humanos, para que tenga "efectividad" en España.
Aún así, ha recordado que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya implementó un protocolo promovido por ella misma cuando era fiscal de la Audiencia Nacional junto a un grupo de jueces para que la defensa de los Derechos Humanos de las personas en detención incomunicada.
