MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La denuncia presentada por la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional (AN) por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus ha recaído sobre el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama.
Fue precisamente este magistrado quien recibió la denuncia estando en funciones de guardia y dio traslado de la misma para que se enviara al turno de reparto, que finalmente ha determinado que recaiga en su juzgado.
Según consta en la denuncia, los teléfonos móviles de Sánchez y Robles fueron objeto de varias infecciones por la herramienta de espionaje Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021, tal y como anunció el lunes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia.
El juez Calama dio cuenta de esta decisión en un documento donde especificaba que la denuncia señala que, "mediante el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa realizados por el CERT Gubernamental Nacional el 30 de abril de 2022, y acompañados a dicha denuncia, se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles".
Una vez recibido el asunto, Calama dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional para conocer esta denuncia, la admisión a trámite de la misma y, en su caso, para que proponga las primeras diligencias.
EL JUEZ DEl 'CASO POPULAR'
Calama es el juez que investiga la sucesión de hechos que llevaron a la resolución del Banco Popular a mediados de 2017 con el valor de las acciones a cero y su venta al Santander por un euro.
El instructor analiza, por un lado, las presuntas irregularidades de la ampliación de capital de 2016 y, por otro, las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución de la entidad bancaria.
Calama es también el encargado de las pesquisas sobre la presunta estafa piramidal con criptomonedas que se habría perpetrado a través del entramado empresarial de Arbistar, dejando un saldo de más de 50 millones de euros estafados y más de 3.000 afectados.
Al margen de las causas económicas, el magistrado se ocupa de indagar en los hechos reflejados en la querella presentada por la Fiscalía contra un religioso acusado de varios delitos de abusos sexuales a menores en Kenia, un proceso iniciado a raíz de la denuncia presentada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle.
Además, fue el instructor del 'caso Emperador'. El pasado mes de febrero, abrió juicio oral contra el empresario chino Gao Ping y otras 102 personas, incluido el actor 'porno' Nacho Vidal, por la "actividad sistemática" de fraude fiscal y blanqueo de capitales que habrían desarrollado entre 2010 y 2012 a través de una macroorganización criminal.
