Dependencia.- CIU dice que el Estado carga a las autonomías con la mitad del coste y lo ve inaceptable para Cataluña

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

CIU considera un "despropósito" la financiación del sistema de protección a la dependencia planteada por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y Memoria Económica, ya que, a su juicio, el Estado se "desentiende" de la mitad de la dotación económica que le corresponde destinar y "obliga" a las comunidades autónomas a pagarlo "sin otorgarles más recursos económicos".

En un documento al que tuvo acceso Europa Press, los nacionalistas catalanes señalan que este planteamiento de la financiación de la Ley de Dependencia hace que sea "inviable" la puesta en práctica del Sistema Nacional de Dependencia y lo "limita" a la atención marginal de la dependencia. "Este planteamiento desde Cataluña, sólo puede ser aceptado si los problemas del actual sistema de financiación quedan substancialmente resueltos", indica el texto.

En este sentido, CIU considera "inaceptable" un sistema que en las actuales condiciones económicas de la comunidad no contempla un principio por el que se eleva la financiación autonómica al asumir nuevas obligaciones. Asimismo, propone que la Ley de Dependencia concrete "como mínimo" las cuantías que el Estado aportará cada ejercicio presupuestario al sistema para su puesta en marcha en los próximos años y que concrete la denominada prestación económica de asistencia personalizada.

El anteproyecto de Ley contempla un presupuesto de 12.638 millones de euros para consolidar el Sistema Nacional de Dependencia desde 2007 hasta 2015. La aportación, que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, se hará gradualmente y servirá para la financiación del contenido básico del derecho, así como para la ampliación del mismo mediante convenios de cofinanciación con las comunidades autónomas.

EXCESO EN LAS ATRIBUCIONES DE LAS CC.AA.

Otra de las críticas vertidas por la federación nacionalista es que, en su opinión, el anteproyecto "limita" la capacidad de la Generalitat de Cataluña para mejorar el sistema de protección a la dependencia para sus ciudadanos, al hacer un planteamiento de "uniformidad" para todo el Estado.

Así, advierte que la nueva legislación no puede impedir a las comunidades autónomas, con competencia exclusiva en asistencia social, desarrollar cómo quieren satisfacer las necesidades de su sociedad en materia de dependencia. En concreto, precisa que el texto se "excede" en las atribuciones que otorga al denominado Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, en la articulación de un régimen de sanciones e infracciones y en la definición del catálogo de prestaciones.

Asimismo, cree que los ayuntamientos deben tener más participación en el sistema, ya que la otorgada en el texto es "demasiado poca" respecto al trabajo que desarrollan estas entes actualmente y considera "necesario" definir mejor cual será la participación de los usuarios en el pago del sistema.

Igualmente, critica que el texto "olvida" establecer el compromiso de establecer a las comunidades autónomas todos aquellos programas que aún gestiona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que afectan a los mayores y discapacitados, y, además, no "resuelve bien" el acceso al servicio a los discapacitados síquicamente.

TEXTO "PATERNALISTA" E "INTERVENCIONISTA".

De igual modo, recrimina que no garantice en "ningún caso" el apoyo a las familias con menores de tres años y con discapacidad, al igual que la falta de libertad de elección de las personas sobre el servicio o prestación que da mejor respuesta a sus necesidades, por lo que es un texto "paternalista" y "claramente intervencionista".

"Es incomprensible que el anteproyecto de ley considera excepcional la atención de las personas dependientes a domicilio por su entorno familiar", indican nacionalistas, dado que "no dignifica" a la labor de las personas que se dedican a cuidar a otros familiares enfermos.

Por otro lado, reprochan que no se contemple la "efectiva" participación de las entidades que representan a las personas mayores y a las personas discapacitadas y sus familias en el sistema, además de que no establezca el marco de cooperación y concertación con las entidades de iniciativa social o del Tercer Sector, así como relaciones con el sistema sanitario, por lo que "no promueve la dimensión sociosanitaria".

Pese a estos inconvenientes al anteproyecto, CIU da la "bienvenida" a un proyecto de Ley tan "ampliamente" solicitado por la sociedad y que responde a la necesidad de dar una "respuesta integral" a todo lo que configura la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal.