Los detenidos por pagos de 10 millones a Villarejo para frustrar una extradición consignan fianza para eludir prisión

Publicado 21/05/2019 15:14:39CET

La Audiencia Nacional investiga el encargo al comisario para evitar la entrega de Ángel Pérez-Maura a Guatemala por corrupción

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los cinco detenidos el pasado 8 de mayo investigados por el pago de 10 millones de euros al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para que frustrase una extradición aprovechando su "influencia en la Audiencia Nacional" han consignado las fianzas que les impuso el instructor Manuel García Castellón, por lo que permanecerán en libertad con medidas cautelares.

Se trata de los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura, a quienes se impusieron fianzas de 750.000 y 500.000 euros, respectivamente, y que la han consignado mediante ingreso en cuenta de la Audiencia Nacional, según han informado en fuentes jurídicas.

Asimismo, consta el empresario Adrián de la Joya, que debía consignar otros 500.000 euros y lo ha hecho mediante fianza hipotecaria. Los otros dos detenidos fueron el empresario Francisco Javaier Soucheiron y el abogado Enrique Maestre, que tenían orden de presentar 200.000 euros y lo han hecho mediante aval bancario, de acuerdo a las mismas fuentes.

Todos tienen el pasaporte retirado, prohibición de abandonar territorio nacional y obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.

Estas cinco personas están siendo investigadas en la cuarta pieza secreta del caso Tándem, denominada 'Pit', por el encargo que habrían hecho a Villarejo para que intentase frustrar la extradición a Guatemala de Ángel Pérez-Maura, a quien reclaman por el presunto pago de 30 millones de euros en sobornos a altos funcionarios del país, incluido el expresidente del Gobierno, para conseguir la adjudicación de una infraestructura portuaria.

En concreto, se investiga si los Pérez-Maura, a través de la mediación de Maestre, contactaron con De La Joya cuando en 2016 Guatemala reclamó la extradición y, este, a su vez, recurrió a Villarejo para intentar frenar el procedimiento. El comisario, que seguía entonces en activo, habría pedido 10 millones de euros por sus servicios y cobrado efectivamente algo más de siete.

COHECHO, ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El juez y Fiscalía Anticorrupción persiguen delitos de cohecho, cohecho internacional, tráfico de influencias, falsedad documental blanqueo de capitales y organización criminal en esta pieza, a la que se han acumulado las pesquisas que se seguían contra Pérez-Maura en Guatemala y que no llegaron a ser juzgadas pues la Audiencia Nacional negó su extradición en 2018 sin que desde entonces, se hubieran abierto diligencias para juzgarle en España por aquellos delitos.

Según el auto por el que el juez Manuel García Castellón dictó el pasado 11 de mayo la libertad bajo fianza de los cinco investigados, Villarejo iba a "pachas" con Adrián De la Joya en la "oportunidad de negocio" que se les ofreció cuando Maestre les propuso recibir "una serie de milloncitos" de Ángel Perez-Maura "a cambio de que evitaran su detención y extradición" a sabiendas "de la condición policial de Villarejo y de la capacidad de influencia de este y de De la Joya en la Audiencia Nacional".

7,4 MILLONES "A PACHAS"

El acuerdo se habría cerrado en abril de 2016, según la documentación que obra en la causa, en una reunión entre De La Joya, Villarejo y su socio Rafael Redondo. Cobraron como "retribución de los ilícitos servicios contratados" un total de 7,4 millones de euros a través de sus empresas, si bien el plan inicial era facturar 10 millones de euros en mensualidades de 120.000, de acuerdo a los audios que obran en la causa.

Los fondos "se distribuyeron posteriormente para efectuar pagos a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto Pit" y a cuentas y sociedades del propio Villarejo. Incluso llegó a comprar con ello acciones del Banco Popular, conforme apunta la investigación.

Los investigadores entienden que los hermanos Pérez-Maura, por su parte, habrían efectuado los pagos "con pleno conocimiento de la ilicitud del objeto del servicio contratado", tal y como especificaba el instructor en el auto por el que fueron puestos en libertad.

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