La deuda de los ayuntamientos valencianos ascendió en 2004 a 3.115 millones de euros, un 7,2% más que el año anterior

VALENCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El endeudamiento general de los municipios valencianos se situó en el ejercicio de 2004 en 3.115 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,2 por ciento respecto al año anterior, de acuerdo con el informe de la Cuenta General de Entidades Locales entregado hoy a las Corts Valencianes.

Además, las corporaciones locales cerraron el ejercicio de 2004 con un superávit presupuestario de 149,2 millones de euros y su presupuesto definitivo total ascendió a 4.883 millones de euros, según informó la institución tras remitir el informe a la Cámara.

El informe sobre el ejercicio 2004 incluye el 95 por ciento de las entidades locales valencianas con actividad, lo que representa el "mayor grado" de cumplimiento de estos organismos en la presentación de sus cuentas desde que se creó la Sindicatura en 1985, indicaron las mismas fuentes.

De esta forma, fueron un total de 739 las entidades locales (municipios o ayuntamientos, diputaciones provinciales, mancomunidades, áreas metropolitanas, entidades locales menores, consorcios, organismos autónomos y sociedades mercantiles públicas locales) que remitieron sus cuentas de 2004 dentro del plazo de cierre del informe, que finalizó el 30 de abril de 2006.

En el caso de los municipios, un total de 510 ayuntamientos presentaron sus estados contables, lo que supone el 94 por ciento del total, y representa el 99 por ciento de la población de la Comunitat, ya que de los 32 municipios que no han rendido cuentas, 31 poseen menos de 5.000 habitantes.

El 73 por ciento de los municipios presentó la cuentas por vía telemática. De los 510 ayuntamientos, 78 remitieron la información completa, 192 la completaron después de los 432 requerimientos efectuados por la Sindicatura y 240 siguen teniendo pendiente subsanar o completar algún dato. En un 20 por ciento de los casos (103 municipios), la Sindicatura ha detectado "inconsistencias" en sus estados contables.

Los 510 municipios valencianos cerraron el ejercicio de 2004 con un superávit presupuestario de 149,2 millones de euros y su presupuesto definitivo total ascendió a 4.883 millones de euros.

El conjunto de derechos reconocidos en los capítulos de ingresos por impuestos, tasas, transferencias corrientes y de capital, así como de ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales son superiores a las obligaciones (gastos de personal, compra de bienes y servicios, intereses, transferencias corrientes y de capital, inversiones reales), en 61 millones de euros, lo que supone una capacidad de financiación por este importe. Esta situación refleja una "significativa mejoría" respecto al ejercicio anterior, cuando existía una necesidad de financiación de 110 millones.

Además, el grado de ejecución del presupuesto de gastos disminuye un punto porcentual y se sitúa en el 75 por ciento, según informaron fuentes de la Sindicatura de Comptes.

Por otro lado, el endeudamiento explícito por habitante asciende a 455 euros, lo que supone un aumento del 5 por ciento respecto al año anterior, cuando entre 2003 y 2002 se produjo un recorte del 8 por ciento en este ratio.

El endeudamiento general (deudas a corto y largo) se sitúa en 3.115 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,2 por ciento, mientras que la financiación ajena representa el 29 por ciento del pasivo, porcentaje similar al del año anterior.

Siguiendo la tendencia del ejercicio anterior, el plazo medio de cobro se ha reducido, y se ha situado en 111 días, un 11 por ciento menos que en 2003. El plazo medio de pago se ha recortado en un 3 por ciento hasta 143 días.

Asimismo, el gasto por habitante ha registrado un ligero incremento del 1 por ciento, hasta 805 euros, en tanto que ingresos por habitante han tenido un aumento mayor, del 4 por ciento, y ascienden a 838 euros. De este importe, el 56 por ciento proviene de los impuestos de los contribuyentes (472 euros por ciudadano).

De hecho, los impuestos directos suponen la mayor partida del capítulo de derechos reconocidos, con el 33 por ciento del total, seguidos de las transferencias corrientes, con el 25 por ciento.

Los 510 municipios suman obligaciones reconocidas (pagos pendientes) de ejercicios anteriores por 138,5 millones de euros.

Del mismo modo que con los municipios, el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales recoge un análisis del resto de entidades, así como los estados contables individuales de cada administración o empresa pública.

En sus recomendaciones a las corporaciones locales, el informe insiste en la necesidad de rendir cuentas "no sólo porque es una exigencia legal, sino también porque refleja transparencia en la gestión y en el manejo de los fondos públicos".

En este sentido, considera que "debe exigirse la formación de la Cuenta General a aquellos que tienen obligación de hacerlo y adoptar en su caso las medidas disciplinarias que procedan". La Sindicatura insta a los plenos de cada corporación a que exijan la presentación de las cuentas y a que éstas sean aprobadas antes del 1 de octubre de cada año.

CONTROL INTERNO

Del mismo modo, les recomienda que potencien el control interno para garantizar "la fiabilidad de la contabilidad, la adecuada protección de los activos y el cumplimiento del principio de legalidad"

Para facilitar esta obligación legal, el órgano de control externo anima a las entidades locales a que acudan a los servicios de asesoramiento provinciales o de la Comunitat y a remitir las cuentas por vía telemática, con el fin de evitar errores en la presentación.

La Sindicatura considera necesario que "se dicten disposiciones legislativas, tanto en el ámbito estatal como autonómico, para reforzar el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas".

En este sentido, y a modo de ejemplo, en la concesión de ayudas o subvenciones, a las entidades locales estima que les deberían ser aplicables requisitos análogos a la exigencia de estar al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Los objetivos de esta fiscalización son "conseguir que las entidades locales cumplan con su obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, analizar la documentación remitida y confeccionar un informe que recoja la situación contable del conjunto de entidades".