Los cuatro acusados han confesado los hechos y la Fiscalía rebaja su petición de condena a entre tres y cinco meses
MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción y la defensa de los cuatro exdirectivos y empleados de la sucursal española del banco chino ICBC han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que estos han abonado una multa de 22,7 millones de euros y reconocen los hechos por los que se les acusaba de blanqueo de capitales y a cambio sólo serán condenados a penas de prisión de entre tres y cinco meses.
Así lo ha trasladado este martes el Ministerio Fiscal a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el juicio que este lunes. En una nota, la Fiscalía apunta que se ha tenido en cuenta "la atenuante analógica de confesión de los hechos como muy cualificada".
Al hilo, añade que tras valorar que el importe ha sido ya ingresado en la cuenta del Juzgado Central, y dado que los acusados han mostrado su conformidad con la calificación y con las penas, la acusación y las defensas solicitan al tribunal una sentencia de conformidad.
La Fiscalía recuerda que dirigió la acusación contra los responsables de ICBC "por la permanente y continuada desatención a las medidas de diligencia debida de la legislación española y europea de prevención del blanqueo de capitales". Indica que esto condujo a los responsables de la entidad "a aceptar en sus relaciones de negocio remesas millonarias de dinero en efectivo".
A esto añade que no verificaron la procedencia de estas sumas y facilitaron su ingreso y transferencias fraccionadas a China, "que fueron así ocultadas a la inspección, seguimiento y control del Banco de España, la Agencia tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
UNA CAUSA QUE ARRANCA EN 2016
El juicio celebrado este lunes tiene origen en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ya en enero ultimaba la investigación de la operativa de blanqueo de fondos de la mafia china en España a través de ese banco.
Según explicaba el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, el ICBC se estableció en España en el año 2011 y "desde el principio, su modelo de negocio bancario se dirigió a captar el efectivo de sus nacionales, que acudían físicamente a la sucursal de Madrid portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales, para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China, siguiendo así una estructura de blanqueo que resulta consumada con la llegada del dinero a China".
De este modo, Moreno concluía en un auto de enero que "ICBC funcionaba como un canal de blanqueo de rentas ilícitas originadas en las economías sumergidas del fraude fiscal y contrabando de las organizaciones criminales investigadas" en diversas operaciones policiales.
MASIVAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS EN EFECTIVO
Tal y como se desprende de la investigación, los imputados en la causa favorecieron "masivas transferencias de fondos en efectivo entre los años 2011 y 2014, por importe aproximado de 90 millones de euros, desde España a China", dinero procedente de conductas de contrabando por declaraciones falsas de infravalor en la Aduana española, fraude en las declaraciones de IVA a la importación, fraude en el IVA interior, falsificaciones de documentos mercantiles y oficiales y delitos contra la propiedad industrial.
Tal y como detalla el juez, con el objetivo de ocultar los masivos abonos en cuentas, ICBC troceaba cantidades en "importes inferiores al umbral de 50.000 euros de preceptiva declaración para conjurar los riesgos de alarma en la balanza de pagos y así ocultar los flujos de salida".
Tras la apertura de la investigación policial y judicial, ICBC inició "varias maniobras de ocultación" de las transacciones y transferencias de sus clientes, como no comunicar alguna de las operaciones sospechosas al Sepblac, identificación "mínima" de los clientes, aceptar actuaciones de testaferros u ofrecer facturas anteriores al inicio de las operaciones de blanqueo.
En esta misma causa, el instructor investiga también "indicios reveladores de presuntos hechos de blanqueo de capitales perpetrados por los empleados y directivos de una serie de sucursales de CaixaBank" en la provincia de Madrid.
El juez detectó "graves fallos" del sistema de control de CaixaBank para la prevención del blanqueo de capitales y consideró que el banco no habría implementado las medidas necesarias, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello. Por este motivo, vio procedente incluir a la entidad como imputada como persona jurídica.
