Directora financiera dice que no tiene explicación el desfase económico de la adjudicataria del caso Ollero

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La que fuera directora financiera de la constructora Ocisa en 1992, empresa a la que se adjudicó por la Junta de Andalucía el desdoble de la carretera que une el puerto de Las Pedrizas con Salinas, entre Málaga y Granada, declaró hoy en el juicio que se sigue por el caso Ollero que "no tiene explicación" el desfase cercano a los 60 millones de las antiguas pesetas detectado en la compañía, asunto por el que fue ampliamente interrogada por el ministerio fiscal.

Ante la sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que enjuicia el caso desde el pasado lunes al haberse tenido que repetir la vista después de que el Tribunal Constitucional declarara nulas las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, la testigo, que aún trabaja para la compañía, dijo que en 1992 era adjunta a L.N.M., ex directivo de Ocisa imputado en el caso.

Tras precisar que su departamento se encargaba de los pagos y los cobros de la compañía, aseguró no recordar muchos de los datos por los que le preguntaba el fiscal acerca de la cuenta de inversiones y la general de la empresa. En cualquier caso, la acusación pública fue clara al decir que, mientras que entre ambas cuentas se llegó a sumar cerca de 190 millones de las antiguas pesetas --94 millones de una y 95 de la otra--, en los extractos bancarios sólo quedan recogidos supuestamente 130 millones (con lo que habría un supuesto desfase cercano a los 60 millones de las antiguas pesetas).

Ante tal situación, el fiscal preguntó a la testigo por dicho desfase, a lo que respondió que "no tiene explicación". Sí precisó que a veces sacaban dinero del banco y lo ingresaban en sus cajas fuertes para efectuar pagos a proveedores o atender facturas. En cualquier caso, le preguntó en concreto también por un pago de 21,6 millones de pesetas efectuado a "Presidencia" en concepto de "Paga de julio", a lo que respondió que dicho dinero podría haber sido para pagar a los empleados, si bien subrayó que no lo recordaba con exactitud.

Por otro lado, también se hizo especial hincapié en el hecho de la existencia de cheques extendidos, con frecuencia, por importes inferiores al medio millón de pesetas, una cuestión por la que se interesó también el presidente de la sala. Además de ratificar su declaración de octubre de 1993, la directiva explicó que esta práctica se solía hacer para evitar que el personal de confianza y/o empleados que los llevaban a los bancos no tuvieran que presentar para ello datos de su identidad y evitar así que Hacienda les reclamara unos ingresos que, en la práctica, no eran para los portadores.

Entre otros datos, la testigo, que fue la única a la que en la sesión de hoy se tomó declaración, resaltó que "todos los años se hacían auditorías" a la empresa y que "la de ese año salió absolutamente limpia", añadiendo además que hubo inspecciones de Hacienda. También explicó que los pagos se hacían en efectivo o por cheque en función de las exigencias de los proveedores y que, cuando se produjeron los hechos, trabajan con "no menos de 50 bancos y no más de 60".

En el caso Ollero están imputados actualmente Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía; su hermano Jorge Ollero; y los ex directivos de Ocisa L.N.M. y J.R.B.; hoy, al igual que ayer, acudieron a la vista Manuel Ollero y L.N.M. (ya que sólo éste último tiene obligación de asistir).

El fiscal ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de dos años de suspensión para ocupar cargo público por revelación de secreto para Manuel Ollero y tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias para el hermano de éste, Jorge Ollero. Para J.R.B. ocho meses de prisión por cohecho y 20 por falsedad documental, y para L.N.M. seis meses por encubrimiento de cohecho y 20 por falsedad documental.

La investigación por el caso se desarrolló a partir de 1992 y en 2001 el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de la Audiencia sevillana por el caso, que condenó a Manuel Ollero a un año de inhabilitación para ocupar cargo público y a su hermano a la misma pena que hoy solicita el fiscal para él. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas realizadas. El juicio continuará mañana, a partir de las 10.00 horas, con la declaración de más testigos, estando previsto que concluya el próximo lunes día 10.