VALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sección séptima de la Audiencia de Valencia ha condenado a un oftalmólogo a indemnizar con 26.448 euros a un paciente (14.448 por los días de baja y 12.000 por daños morales) al que no le informó suficientemente de la operación ocular de hipermetropía a la que iba a someterle, con la técnica lasik, y que le ha dejado como secuela una visión nocturna distorsionada.
La sala estima así parcialmente el recurso presentado por el afectado, de 35 años, que era conductor de autobús de la EMT y que tuvo que cambiar su puesto de trabajo por el de recaudador. Según explica la sala en la sentencia, la larga duración de la baja --de 344 días-- y la persistencia en la secuela "tras una operación que se preveía como sencilla y con un éxito casi total", le han generado un estado "depresivo, una incomodidad, si no imposibilidad, de conducir de noche de modo habitual su vehículo y una privación a su joven edad de seguir desempeñando un trabajo de chófer por él elegido".
En primera instancia, el juzgado número 17 de Valencia había desestimado la demanda del afectado y le impuso las costas procesales. El paciente reclamaba un total de 92.448 euros por los días de baja laboral, la incapacidad y los daños morales por "la no obtención del resultado pactado de no llevar lentes" tras la operación.
El afectado alegaba que tras ser operado de hipermetropía, tuvo que serlo de nuevo por otro facultativo "y no como mero retoque, de astigmatismo, defecto que no tenía antes de la primera intervención, que resultó defectuosa y motivó la segunda". Asegura que no se le recabó "en debida forma" el consentimiento informado porque lo firmó antes de la operación y "sin plena visión", y sin advertirle de los riesgos.
La sala cree probado que tras la primera intervención, en marzo de 1999, le operaron de nuevo de astigmatismo en el ojo izquierdo, donde queda un "error residual" y problemas de visión nocturna como "halos y destellos alrededor de focos luminosos, no objetivables por no medibles".
Asimismo, señala que la hoja de consentimiento informado que firmó era para las operaciones de miopía y astigmatismo y no para hipermetropía, "indicando que en el 99 por ciento de los casos se obtiene el resultado deseado de visión útil son corrección óptica alguna y que, sin embargo, en un cinco por ciento se requiere una segunda aplicación por láser bien por hipo bien por hipercorrección".
El tribunal explica también --citando otras sentencias-- que este tipo de intervenciones se intensifica la obligación del facultativo no sólo de la utilización de los medios idóneos sino también las obligaciones de informar al "cliente" tanto del posible riesgo como de las posibilidades de que no conduzca al resultado deseado.
En este caso, si bien la operación no suponía un riesgo para la vida o salud del paciente que la hiciera "necesaria o inevitable", se considera que se trata de una zona "limítrofe" entre la medicina voluntaria o la curativa ya que si bien busca corregir un defecto visual, también pretende una mejora estética mediante la eliminación de las gafas. Esto acerca la intervención al arrendamiento de obras que "propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado" buscado.
