MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los diputados del PP Rafael Hernando y Santiago Lanzuela se están planteando presentar sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno sigue haciendo caso omiso de sus peticiones y no les remite las informaciones que le vienen requiriendo, desde hace meses, siguiendo los cauces que establece el Reglamento del Congreso.
Según explicaron ambos a Europa Press, todavía van a dar un margen al Ejecutivo para que responda a sus demandas. En concreto, Santiago Lanzuela, diputado por Teruel, ha decidido esperar un mes más antes de empezar a preparar su recurso, ya que ese es el plazo que formalmente tiene el Gobierno para responder a las preguntas de los diputados.
En un primer momento, los dos parlamentarios pidieron amparo al presidente del Congreso, José Bono, al sentirse ignorados por el Ejecutivo, pero, visto que esas quejas no sirvieron para que se les enviase lo que pedían, optaron por volver a escribir a Bono alertando de que se plantean iniciar acciones legales.
Lanzuela reclamó el pasado mes de agosto un informe al Ministerio de Fomento sobre las obras de la línea de alta velocidad entre Teruel y Zaragoza y en noviembre pidió un primer amparo a Bono. Dado que tres meses después no había tenido noticias del Gobierno, volvió a pedir ayuda al presidente comunicándole que "en el caso de persistir la misma situación" emprendería "las acciones legales que considere oportunas".
BONO ENVIÓ LAS QUEJAS A DE LA VEGA
Nada más recibir este escrito, Bono explicó a Lanzuela que en su momento ya había trasladado sus quejas a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de la que depende la Secretaría de Estado de Estudios Parlamentarios y Constitucionales, y le garantizó que volvería a hacerlo. Por eso, el que fuera presidente de Aragón va a dar un nuevo margen de un mes al Ejecutivo para ver si esta vez sí le mandan lo que le ha pedido.
El mismo proceso siguió Rafael Hernando, diputado por Almería, quien lleva esperando desde mayo de 2008 que el Gobierno le traslade datos sobre los índices de delincuencia en su circunscripción. Su primera petición de amparo a Bono data también de noviembre, igual que la de su compañero, también llegó a Moncloa, pero tampoco sirvió de nada.
Así las cosas, Hernando remitió otro escrito a Bono el mes pasado informándole de que seguía sin recibir la documentación y pidiéndole que interviniera ante lo que considera "una actitud de burla del Gobierno hacia la Cámara" que no tiene precedentes.
"Debo señalarle que no debería tener que recurrir a los tribunales para poder obtener esa contestación por parte del Ministerio del Interior, pero que si en un breve plazo sigo sin obtener los datos solicitados, me veré obligado a defender mis derechos en la forma que considere oportuna ante el desprecio del Gobierno", advirtió Hernando, en su segunda queja, que Bono ha enviado convenientemente a De la Vega.
En concreto, Hernando preguntó en mayo de 2008 por los delitos y faltas cometidos en Almería en el primer trimestre del año y en noviembre plantearon una nueva pregunta para conocer los mismos datos del segundo trimestre. Interior justificó su respuesta en que está implantando un nuevo sistema de estadística criminal cuyos ajustes no han concluido.