Archivo - El etarra Olarra Guridi en la Audiencia Nacional en una imagen de 2011 - POOL - Archivo
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ha denunciado este jueves el acercamiento de otros cinco presos de ETA a cárceles más próximas a sus domicilios, entre ellos Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, en una decisión que se ha llevado a cabo por el Ministerio del Interior "en contra del criterio de la junta de tratamiento de la prisión de Granada".
La decisión, según la asociación, vuelve a poner de manifiesto que estos acercamientos "no obedecen a criterios técnicos, sino exclusivamente políticos". Ambos etarras han sido progresados a segundo grado y traslados desde Granada a Logroño por decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
"Tales decisiones no van a salir gratis a nadie, pues desde esta asociación se van a utilizar todos los medios que la ley permite para revocarlas y hacer prevalecer el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo", señala la organización que preside Daniel Portero.
Dignidad y Justicia muestra su repulsa por la política penitenciaria que relaciona con el "pago a los herederos de la organización terrorista ETA para mantener su sillón en Moncloa" Pedro Sánchez. La asociación recuerda que entre los cinco acercados este jueves se encuentra Olarra Guridi, condenado por varios asesinatos, entre ellos el padre de Daniel Portero, el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero García.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha ordenado este jueves el traslado de estos dos terroristas y también de Arkaitz Goikoetxea Basabe, Miguel Santiago Izpura García e Ignacio Crispín Garcés Beitia.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a defender este miércoles en el Congreso el acercamiento de presos de ETA recordando que la banda terrorista ya fue derrotada y retando a los que discrepan a llevarle ante los tribunales. En la sesión se citó el caso de Juan Ramón Carasatorre, un etarra condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez, por haber sido trasladado de prisión sin contar con el respaldo de la junta de tratamiento.