BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dos de los condenados en el caso 'Jarrai-Haika-Segi', Olatz Dañobeitia -miembro de la comisión negociadora de Batasuna- e Ibon Meñika, que se encuentran huídos de la Justicia, afirman que la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara organización terrorista a las tres organizaciones juveniles de la izquierda abertzale es una decisión "política" que no cuenta con "ninguna base jurídica", y animan a los jóvenes vascos a "seguir luchando".
En una entrevista concedida al diario 'Gara', recogida por Europa Press, Dañobeitia y Meñika, dos de los 23 jóvenes condenados a seis años de cárcel, señalan que, "en la medida en la que se continúe agrediendo a la organización y a la lucha, el modo más eficaz para dar la vuelta a esa situación, es continuar organizándose y luchando".
A su juicio, más que ser una sentencia contra Segi o 23 jóvenes, el fallo del Tribunal Supremo pretende "ir contra personas o colectivos que hacen una apuesta en favor de Euskal Herria". "Declarando terrorista a Segi, queda en evidencia que es una decisión política y jurídica con un determinado objetivo político: por un lado, poner en el blanco a la juventud vasca, al compromiso juvenil y a la adhesión a este pueblo, y, por otro, crear un precedente para otros colectivos y personas que tienen una adhesión a este pueblo", dice Meñika.
En este sentido, Dañobeitia afirma que la sentencia del Supremo también "va en contra de un determinado proyecto político", un proyecto que "defiende la independencia y el socialismo". En su opinión, "es evidente que es imposible materializar ese proyecto político, pero es que no nos dejan ni defenderlo, y ese es uno de los orígenes del conflicto político".
Asimismo, considera que, tanto el procedimiento como el fallo del caso 'Jarrai-Haika-Segi', "no tienen ninguna base jurídica y ponen más obstáculos y no hacen ningún favor al proceso puesto en marcha para solucionar ese conflicto político".
Además, afirman que el Estado ha tenido "toda la determinación para llevar a su fin este proceso de años" que, en su opinión, comenzó con la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba ilegales las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale. "Tiene un claro objetivo político: construir y establecer una condena ejemplar que va a crear un antecedente contra los que apuestan por este pueblo", añaden.
De esta manera, denuncian que el Fiscal General del Estado, "que está en manos del Gobierno, hizo llegar a la Audiencia Nacional que la actual jurisprudencia no era suficiente para imponernos la condena que al final nos han impuesto, por lo que le llamó a crear esa cobertura jurídica". "La Audiencia Nacional se convirtió en un paso intermedio y luego el Supremo ha llegado a ese fin", aseguran.
MANIFESTACION
Por otro lado, ambos condenados destacan que la manifestación convocada para el próximo día 10 en San Sebastián contra la sentencia dictada por el Supremo es una iniciativa "muy positiva" porque, en su opinión, "el movimiento juvenil ha demostrado cual es la cruda imagen de esa apuesta represiva que tiene claros objetivos políticos".
"Ante este grave ataque, los jóvenes han vuelto a reafirmar con firmeza que tienen la determinación y el compromiso para organizarse y luchar en favor de este pueblo y su desarrollo, y eso lo vamos a ver en la manifestación del día 10", señalan.
Por último, reiteran que, aunque la sentencia la hayan recibido ellos, también supone "un mecanismo para poner en el objetivo de la represión a miles y miles de esos jóvenes que se reunen en una organización como Segi".