MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP insta al Tribunal de Cuentas a que impulse el refuerzo del papel del Consejo Consultivo de Privatizaciones en ventas de empresas públicas como la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología (Initec), llevada a cabo en el año 2000 por el Gobierno 'popular' y que supuso una pérdida para la SEPI de nueve millones de euros, según señala el máximo órgano fiscalizador en un informe reciente.
En este sentido, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia indicios de responsabilidad contable en determinados pagos efectuados por la SEPI a los compradores de Initec, por lo que este proceso de privatización se está analizando la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.
Sin embargo, los 'populares' defienden que el proceso no se desarrolló bajó "irregularidades" ni de manera "contraria a la ley", y culpan del sobrecoste para la SEPI a "los gastos de personal". Eso sí, recalca que esta operación se ha visto compensado en otras privatizaciones llevadas a cabo por el Gobierno del PP.
En sus propuestas de resolución a este informe fiscalizador, el PP incluye la petición de que "en la formalización de los contratos suscritos para la privatización de empresas públicas se recojan en un único documento todos los compromisos de las partes y demás circunstancias esenciales de la operación".
De esta manera, se evitaría "la suscripción de documentos adicionales que modifiquen lo acordado en el principal". Según asegura el PP, "este tipo de actuación da lugar a confusión y dificulta el conocimiento y control de lo realmente convenido".
A su juicio, sería conveniente que el acuerdo del Consejo de Ministros se refiera expresamente a todos los compromisos y condiciones pactadas en el documento privado de compraventa y que el Consejo Consultivo de Privatizaciones informase sobre todos ellos en su dictamen.
Asimismo, el principal grupo de la oposición apuesta por que en la formalización de los contratos de enajenación de empresas públicas, el precio de la enajenación no quede sometido a ajustes, exceptuando los aspectos imposibles de cuantificar en el momento de la formalización del contrato. En su opinión, convendría también que la entidad vendedora tuviera en cuenta que las garantías a favor de terceros se ciñeran "estrictamente a los términos establecidos en el contrato".
Finalmente, los 'populares' instan al Tribuna de Cuentas a que, en los procesos de privatización en los que se asuman por las partes los compromisos que deben cumplirse después de la formalización del contrato de transferencia de las participaciones sociales, el Gobierno requiera la actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones hasta que los compromisos queden ejecutados en su integridad.
