MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha condenado al Banco Urquijo, actualmente filial de banca privada del Banco Sabadell, a pagar 16,2 millones de euros al Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE) por incumplir la obligación contractual de comunicar a los titulares de unas obligaciones emitidas por la entidad europea su decisión de amortizarlas de forma anticipada, según la sentencia dictada el pasado 10 de noviembre a la que tuvo acceso Europa Press.
"El Banco Urquijo, actualmente el Banco Sabadell, incumplió las obligaciones contractuales asumidas al no seguir sus instrucciones sobre notificación a los obligacionistas de la amortización anticipada de dichas obligaciones", concluye el fallo, que hace referencia a una emisión realizada en noviembre de 1996.
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal estimó el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación presentado por BDCE contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid, que ratificó la sentencia de primera instancia que dio la razón al Banco Urquijo.
Fuentes del Banco Urquijo explicaron a Europa Press que la gestión del contrato corrió a cargo de la antigua dirección de la entidad y que, cuando el Banco Sabadell compró el Banco Urquijo en mayo de 2006, asumió la tramitación del mismo y provisionó los 16,2 millones de euros en sus cuentas correspondientes al ejercicio 2006.
El BDCE demandó a Banco Urquijo por incumplir el contrato firmado el 18 de noviembre de 1996, en el que la entidad española se estableció como comercializador de una emisión de obligaciones por importe de 22.000 millones de pesetas (12,02 millones de euros) con previsión de amortización final en 2011 y con posibilidad de adelantarla a los años 2001 y 2003.
El Alto Tribunal concluye que la entidad española por un "descuido" o por "desconocimiento" no comunicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en dos diarios nacionales la decisión del BDCE de ejercitar la amortización anticipada de las emisiones el 25 de noviembre de 2001, lo que le impidió llevarla a cabo, provocándole unas perjuicios económicos de 16,2 millones de euros.
El Supremo condena al BDCE a pagar las costas del proceso iniciado en el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, que en la sentencia dictada el 22 de julio de 2003 desestimó la demanda presentada contra la entidad que compró el Sabadell en mayo de 2006.
El tribunal estuvo formado por el ponente Jesús Corbal Fernández y formado por los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Xavier O'Callaghan Muñoz, Jesús Corbal Fernández, José Ramón Ferrándiz Gabriel y Antonio Salas Carceller.
