MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La concejal del Partido Popular de Cuartango (Álava) Ana Salazar admitió hoy, en las diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no tener constancia de que miembros de Batasuna hayan utilizado despachos de dicho Ayuntamiento. A diferencia del edil de Ibarra (Guipúzcoa) Javier Igartua, que declaró ayer, Salazar denunció que un ex concejal de la formación ilegalizada continúa presentando mociones en el Pleno y son discutidas y votadas.
Salazar e Igartua admitieron ante el fiscal Juan Antonio García Jabaloy que ignoraban si miembros de Batasuna utilizaban despachos municipales, y explicaron que ambos lo habían denunciado, porque en los dos Consistorios hay una placa con las siglas "HB" en una de sus dependencias. Sin embargo, ninguno había visto entrar o salir a alguien ni sabe para qué se utiliza.
No obstante, Salazar, concejal en Cuartango desde 1999, explicó cómo se desarrollan los Plenos en determinados municipios vascos. Así, relató que un ex concejal de Batasuna continúa, después de su ilegalización por el Tribunal Supremo, asistiendo a los Plenos de Cuartango, sentándose en el lugar reservado a los ediles y teniendo participación activa. Según la concejal del PP, está informado del orden del día de la sesión, presenta mociones que se discuten por la Corporación e interviene en ruegos y preguntas.
La concejal del PP afirmó que denunció hace unos cuatro meses estos hechos ante la Audiencia Provincial de Álava, pero ignora si se ha realizdo alguna diligencia. A preguntas de los periodistas, Salazar dijo que ella no había recibido amenazas, pero sí insultos, como "fascista".
PRÓXIMAS ACTUACIONES FISCALES.
Tras interrogar a los dos concejales y estudiar el informe de la Consejería vasca de Interior en el que los secretarios de los ayuntamientos de Ibarra y Cuartango niegan que Batasuna utilice despachos en dichos consistorios, la Fiscalía debe adoptar una decisión en relación con las diligencias informativas abiertas. Si cree que los hechos son constitutivos de delito, debe denunciarlos ante el Juzgado correspondiente.
Sin embargo, en este caso esta opción parece poco probable, ya que ninguno de los concejales tiene constancia de la utilización ilegítima de despachos y el secretario de Ibarra aseguró que ningún grupo municipal tiene este tipo de dependencias, por falta de espacio, mientras que el de Cuartango atribuyó a "dejadez" el que siga existiendo una placa que dice "Sala HB" en la puerta de un despacho e indicó que ahora lo utiliza el técnico de Desarrollo Rural del Ayuntamiento.
Por eso, lo más probable es que la Fiscalía archive las diligencias abiertas sobre el uso ilegítimo de despachos, e inicie otro tipo de actuaciones en relación con los ex concejales de Batasuna que siguen asistiendo a Plenos e interviniendo en la política municipal.
La actividad de Batasuna se encuentra suspendida desde el pasado 17 de enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien al día siguiente de dictar su resolución comenzó a ordenar la clausura de locales del partido ilegalizado.
