Los ediles expulsados del PSOE en Castro Urdiales critican el elevado gasto en abogados y reclaman documentación

CASTRO URDIALES 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cinco concejales de la Corporación castreña expulsados del PSOE criticaron hoy el elevado gasto que el Ayuntamiento de Castro Urdiales dedica a bufetes de abogados y procedimientos contencioso-administrativos y reclamaron además que se les facilite la documentación al respecto que, si bien han solicitado reiteradamente, no les ha sido entregada.

Según denunciaron en un comunicado, "existe un listado de procedimientos contencioso-administrativos tramitados que llama poderosamente la atención por la cantidad de casos (en torno a 150 ó más)". A su juicio, esto "no puede continuar así" y no se les puede "seguir negando" la documentación que han requerido al alcalde.

En el escrito, que secundan los ediles Mª Perpetua Andueza, Rufino Díaz Helguera, Pedro Olano, Mª Teresa Pérez Barreda y Pascuala San Miguel, insisten en que "debe ponerse freno a esta alocada carrera de gastar dineros públicos en bufetes de abogados" y critican que en el borrador de presupuestos para 2006 se recoge una partida de 75.000 euros "para afrontar gastos jurídicos", lo que supone, según dicen, un incremento del 316,67% respecto a los 18.000 euros de 2005.

"Queremos hacer ver a la ciudadanía castreña cómo el alcalde gasta los dineros públicos: fruto de su falta de diálogo a la hora de resolver los problemas de nuestro municipio y que sustituye por la prepotencia y el enfrentamiento", añaden los concejales.

Respecto a la negativa a facilitarles la documentación al respecto, los ediles recuerdan que el 7 de julio de 2004 solicitaron información sobre los nombres de todos los despachos de abogados que hubieran sido contratados.

El 3 de agosto se reiteró la petición, ampliándola a las minutas de todos los servicios jurídicos contratados. Las peticiones fueron trasladadas también, al concejal de Hacienda, quien, en su opinión, "escurrió el bulto" y les remitió al alcalde como responsable de facilitar lo solicitado. Finalmente, "ante el silencio", se volvió a registrar la petición el 23 de septiembre.

Para los concejales, el hecho de que no se les haya facilitado la información demandada implica que "el alcalde actúa al margen de la legalidad e incumple la Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local".

En este sentido, subrayan que la Constitución establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal; mientras que la Ley de bases de Régimen Local señala que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

La solicitud de dicha información "debe ser resuelta, motivadamente, en los cinco días siguientes a aquél en que se hubiese presentado", cosa que, según los concejales, no se ha producido en este caso. Por tanto, "la negativa a proporcionar la documentación solicitada por los concejales puede constituir hecho delictivo", concluyen los ediles.