BARCELONA/MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Unas 500 personas y organizaciones pidieron hoy al Tribunal Supremo, en un manifiesto, que absuelva a 14 de los 47 condenados por colaboración con organización terrorista en el macroproceso EKIN-KAS-XAKI al entender que la Audiencia Nacional les impuso penas de entre nueve y diez años de prisión al equiparar "la promoción de la desobediencia civil con un delito de terrorismo".
Entre los firmantes del texto, se encuentran el cantautor Lluís Llach, el filósofo Josep Maria Terricabras, los diputados catalanes Joan Herrera (ICV), Carles Campuzano (CiU), Toni Comin (PSC) y Pere Aragonés (ERC), el primer teniente de alcalde de Barcelona, Ricard Gomà (ICV), la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Eva Fernández, y un centenar de insumisos condenados por negarse a realizar el servicio militar.
Asimismo, varias asociaciones se han adherido al manifiesto, entre las que destacan la Federación Catalana de ONG por la Paz, Justicia i Pau, la Fundació per la Pau, el sindicato CGT y la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).
El manifiesto coincide con la revisión de las condenas impuestas a 47 de los 52 acusados en aquel macroproceso. La sentencia recurrida sostiene que la Fundación Joxemi Zumalabe "colaboró decisivamente con ETA" impulsando la desobediencia civil como forma complementaria de la lucha armada y de masas.
Las defensas de los 47 condenados defienden la inocencia de sus clientes en base a que la sentencia, dictada el 19 de diciembre de 2007, no prueba la existencia de una red de financiación a ETA por medio de la plataforma KAS a la que, según la resolución recurrida, pertenecían sus clientes.
Sin embargo, uno de los ocho letrados de los condenados, Kepa Landa, rechazó las pruebas que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, acreditan que la plataforma KAS y su sucesora EKIN actuaban como la red de financiación de ETA, entre ellos el informe de la Policía 'Reunión de Responsables de Movimientos Udaletxe'.
Dicho informe afirma que el dinero que generaba la red de empresas englobadas bajo el 'Proyecto Udaletxe' sirvió para financiar el entramado político y social de ETA así como a etarras huidos en Sudamérica. El letrado aseguró que "la Sala no explica por qué lo afirma en su sentencia", y recordó que meses antes del informe la Policía elaboró otro documento "en el que se indicaba que la fuente de financiación de la banda provenía de los secuestros y el cobro del impuesto revolucionario".
La propia Fiscalía respalda parcialmente los argumentos de 33 de los condenados al entender que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional llevó al extremo máximo la pena por un delito de integración dentro de la consideración por delitos de terrorismo. En ese sentido, plantea rebajas de entre el 20 y el 30 por ciento.
