Su abogada rechaza interrogarle por considerar vulnerado el derecho de defensa y tras el amparo del decano del Colegio de Vizcaya
MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El principal acusado en el macrojuicio contra el entorno de ETA que se celebra en la Audiencia Nacional, Xabier Alegría, se negó hoy a contestar a las preguntas del fiscal Enrique Molina y la acusación popular (AVT) tras afirmar que en este órgano judicial se avala la tortura. El interrogatorio a Alegría por su abogada, Arantxa Zulueta, tampoco se llegó a producir ya que esta letrada consideró que el tribunal vulneró el derecho de defensa del acusado, ya que no se encontró un documento sobre investigaciones policiales realizadas sobre él y que pretendía utilizar para formular sus preguntas.
Alegría se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 51 años de prisión por delitos de integración en ETA, falsa contabilidad, insolvencia punible, y otros contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El acusado se negó a contestar al fiscal Enrique Molina y a la acusación popular, y acusó a la Audiencia Nacional de avalar la tortura. "A un tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo no voy a contestar", afirmó Alegría cuando fue preguntado por la presidenta del tribunal, Angela Murillo, sobre si iba a responder a las preguntas de fiscal y acusación.
Posteriormente, el juicio fue suspendido durante algo más de una hora para buscar un documento policial solicitado por la abogada del acusado con fecha de 17 de noviembre de 1995. El citado documento policial contenía, según la letrada Arantxa Zulueta, un historial de actividades delictivas de Xabier Alegría. Tras reanudarse la vista, la abogada no se mostró conforme con el documento que encontró el secretario de la Sala ya que, según dijo, no se correspondía con el dossier que había solicitado para interrogar a su cliente.
A partir de ese momento, comenzó una discusión entre la abogada y la presidenta de la Sala acerca de si el informe hallado era el que había solicitado la primera. "Esto es lo que hay. Si quiere interrogar, interrogue, y si no quiere no lo haga", dijo Ángela Murillo. Zulueta contestó afirmando que se encontraba en una situación en la que se le impide "ejercitar la defensa" de su cliente, por entender que está vulnerando el derecho a un "juicio justo y con todas las garantías".
Por ello, pidió un receso para hablar con el Colegio de Abogados de Vizcaya -al que pertenece la letrada- con el fin de comprobar si el decano de este organismo, Nazario de Oleaga Páramo, le amparaba en lo que ella consideró una vulneración del Derecho de defensa. Según indicó posteriormente, Oleaga, presidente asimismo del Consejo General de la Abogacía del País Vasco, la amparó porque "en esas condiciones" no puede "ejercitar el Derecho de defensa". Según Zulueta, el decano remitió un fax solicitando una entrevista con Murillo y con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar.
No obstante, Murillo instó a la abogada a que continuara con el interrogatorio ?que nunca llegó a comenzar-, pero Arantxa Zulueta se negó en repetidas ocasiones porque su "deontología profesional" le impedía efectuarlo. Ante esta situación, la presidenta del tribunal decidió suspender la vista hasta las 16.30 horas de hoy.
SUSPENSIÓN RECHAZADA
Al inicio de la sesión de hoy, antes de que Murillo llamara a declarar a Alegría, se generó otra polémica, ya que el tribunal rechazó suspender la vista oral tal y como había solicitado Zulueta en nombre de otros 10 abogados. Dicha petición se basó en que el interrogatorio de Alegría no podía realizarse con todas las garantías sin el conocimiento exhaustivo de las diligencias 75/89 del Juzgado Central de Instrucción número 5, que sirvieron como base del sumario 18/98 instruido por el mismo juzgado, según sostienen las defensas.
Desde el pasado 29 de diciembre, las defensas han dispuesto de seis días para analizar las 104 cajas que componen el sumario 75/89, que ha permanecido secreto hasta ahora. Zulueta, además de quejarse del escaso tiempo del que han dispuesto para examinar una documentación está dispuesta "sin orden ni concierto", señaló que lo correcto habría sido que todos los letrados dispusieran de una copia de aquel sumario.
Por ello, pidió la nulidad de las actuaciones hasta el momento del inicio de la vista oral y, alternativamente, la suspensión del juicio. Después de escuchar al fiscal Enrique Molina, que se opuso a la petición de las defensas, el tribunal que preside Angela Murillo rechazó suspender el juicio y anunció que resolvería en auto la solicitud de nulidad de actuaciones interpuesta por Zulueta.
Sin embargo, el abogado Iñigo Iruin consideró que con la decisión de la Sala se habían generado una nueva causa de suspensión de la vista, ya que el tribunal había "admitido a trámite" el incidente de nulidad, algo que obliga a suspender la vista.*El tribunal volvió a rechazar tal suspensión, lo que motivó la protesta del letrado.
ESCRITO DEL FISCAL Según el fiscal Enrique Molina, Alegría era el enlace de ETA con las diferentes organizaciones implicadas en la causa: KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista, supuesto aparato político de ETA); Egin/Orain (periódico y empresa editora); Ekin (sucesora de KAS), la Fundación Joxemi Zumalabe y Xaki (presunto aparato internacional de la banda terrorista).
El tribunal que preside Ángela Murillo decidió dejar la comparecencia del acusado para después de las fiestas navideñas tras aceptar la petición de su abogada, Arantxa Zulueta, de que este procesado declarara en unidad de acto.
Según el escrito del fiscal, Alegría era uno de las ocho personas con una remuneración fija mensual como liberados absolutos y cobertura de ciertos gastos personales a cargo de KAS. Asimismo, fue miembro del consejo de administración de Orain, empresa editora del diario Egin, instrumento de ETA para publicar "claves para sus comandos en el interior de España a través del apartado de 'Merkatus' del periódico o de la sección de 'Agurraks' del mismo".
La de hoy es la undécima sesión del macrojuicio seguido en el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid. En él ya han declarado 21 de los 56 procesados, para quienes el fiscal pide un total de 946 años de prisión.
