VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular en el conocido como 'caso Emarsa', ejercida por el PSPV, ha presentado en el juzgado que investiga el agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), un escrito de oposición al recurso de reforma interpuesto por Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Pinedo, y Enrique Crespo, que fue presidente del consejo de administración de la entidad, contra la decisión del instructor de ampliar la investigación del patrimonio de los dos imputados a sus familiares, algo que esta parte ve "pertinente".
La acusación popular parte de que los hechos objeto de investigación "pudieran ser constitutivos de delitos contra el patrimonio público a través de distintas actuaciones que pudieran ser ilícitas" y el Tribunal Constitucional, basándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene establecido que investigaciones sobre delitos de esta complejidad pueden requerir un elevado número de diligencias que alcancen "a un amplio círculo de personas y entidades".
Asimismo, recuerda que en este procedimiento se ha acumulado una investigación por un delito contra la Hacienda Pública y que igualmente las resoluciones citadas indican que las investigaciones en estos casos requieren de la identificación de todas las fuentes de renta y de incrementos patrimoniales del sujeto pasivo, lo que implica un alto número de diligencias, que deben respetar los derechos fundamentales.
Por ello cree que resulta "oportuna y útil" la práctica de las diligencias acordadas para averiguar los hechos y destaca que está admitida por la doctrina constitucional aunque esta investigación pueda afectar a terceras personas no incursas en el procedimiento "pues así lo justifica la indiscutible complejidad de los hechos investigados y a la vista de las actuaciones hasta ahora practicadas y lo declarado por alguno de los imputados con respecto a las desorbitadas cantidades de fondos públicos que injustificadamente se han dispuesto".
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO
Para este último cometido, considera que es "relevante" la supuesta participación de Crespo y que, "de forma razonable", permite sospechar "en la obtención de un beneficio económico personal que pudiera haberse ocultado a través de sus familiares más próximos y de su plena confianza".
Al respecto, la acusación popular, resalta que este caso incluye delitos en los que, por su naturaleza y características, no es "infrecuente" que el eventual lucro obtenido "trate de ocultarse en la esfera familiar", por lo que la investigación es "absolutamente inevitable".
En relación con Cuesta, señala que no encuentra "ningún justificado reproche" a la investigación del patrimonio de los familiares "en aras a investigar las inevitables sospechas de que el dinero supuestamente malversado ha sido (...) transformado en otros bienes o desviado a favor de otras personas de la plena confianza del señor Cuesta". En esta línea, señala que resultaba "relevante" la participación de Cuesta "por más que éste la justifique en el conocimiento, información o incluso, por orden de su 'presidente'".
En este sentido, indica que en la causa consta que el actual domicilio de Cuesta no figura a su nombre, que hay movimientos bancarios no justificados y, por la naturaleza de los hechos, la investigación del patrimonio de sus familiares se hace "absolutamente inevitable".
