VALENCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha decretado la incorporación a la causa del llamado 'caso Emarsa' --que investiga un agujero de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo-- de las agendas del exgerente, Esteban Cuesta, al considerar que son "relevantes para conocer una parte más de lo que sucedió en el seno" de la entidad y "sin que suponga injerencia alguna en el derecho a la intimidad personal".
En un auto fechado el 29 de noviembre, el juez recuerda que el pasado día 12 de ese mes dictó una providencia en la que requería a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) para que informara si entre los documentos de Emarsa que obran en su archivo figuraban las agendas del expresidente de la entidad y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y de Cuesta, ambos imputados en la causa.
El día 20, la entidad comunicó que había encontrado el material relativo a Cuesta --tres agendas en formato libro, cinco sobres con el logotipo de Emarsa con hojas de agenda sueltas y una carpeta tamaño A-4 también con hojas sueltas--, que se ha examinado posteriormente.
Tras su estudio, el instructor constata la existencia de una agenda correspondiente al año 2003 y con el nombre de una empresa de mantenimiento y reparación industrial en cuyo interior hay hojas sueltas, así como una de la propia agenda correspondiente a 'Restaurantes de España'. Además, faltan las hojas de los días 9 al 15 de enero de aquel año.
También se ha entregado otra agenda de 2004 y con el nombre de una firma de equipamientos industriales. En la hoja de datos personales aparece el nombre de la que fuera responsable de relaciones institucionales de Emarsa y otros datos personales de la misma.
Asimismo, hay una carpeta que comprende el período de 30 de julio a 13 de diciembre de 2004 con el logotipo de Emarsa y la anotación manuscrita 'Contratos'; un sobre de papel con hojas sueltas del año 2005, en el que está parcialmente arrancada la hoja correspondiente al 23 y 24 de noviembre; otro sobre de 2006 donde también faltan hojas (del 29 al 31 de diciembre y del 3 de agosto al 3 de septiembre); un sobre con una hoja suelta que no corresponde a la agenda y donde se detecta también la falta de algunos días; y una última agenda de 2007 en la que figura de nuevo el nombre de la responsable de relaciones institucionales y se guarda una fotocopia del DNI de Cuesta.
"INDICIOS"
En su auto, el magistrado recuerda que "existen indicios suficientes para considerar que entre 2004 y 2010" varias de las persona imputadas en este proceso diseñaron y ejecutaron de una manera continuada "un plan con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos de los que Emarsa disponía para el ejercicio de su actividad".
Añade que tanto las agendas como los documentos de trabajo de la Secretaría de Gerencia de Emarsa o, incluso, de algunos de sus directivos, en las que se dejara constancia de las actividades que se llevaban a cabo "resultan relevantes para conocer una parte más de cuanto acaeció en el seno de la misma y su incorporación a las diligencias resulta procedente conforme a las previsiones de los artículos 777.1 y 299 de al LECrim y sin que ello suponga injerencia alguna en el derecho a la intimidad personal".
"De hecho --continúa--, además del tipo de anotaciones que se recogen en las agendas y papeles, cuya naturaleza de documentos de trabajo de Emarsa es inequívoca, es de observar que se trata de agendas muy antiguas que en muchos casos estaban en sobres con el logotipo de la empresa y que se encontraban entre la documentación de la sociedad que retiró Emshi de la planta".
Por todo ello, el juez Ríos cree que las agendas constituyen "un instrumento relevante para el esclarecimiento de los hechos". No obstante, precisa que algunas de al anotaciones corresponden a hechos ajenos al objeto de la investigación por lo que se procederá a ocultar esos datos.
MÁS DILIGENCIAS
Por otra parte, y en una providencia datada asimismo el 29 de noviembre, el juez ordena unir a la causa una ordenanza del Ayuntamiento de Requena sobre los meses en los que se pueden aplicar a los campos lodos.
Además, acuerda que se practiquen diversas diligencias, como pedir a la Agencia Tributaria información sobre una mercantil administrada por Jorge Ignacio Roca; investigar el destino de una transferencia bancaria de 40.000 euros y pedir a la Emshi las bases de ejecución del presupuesto de la entidad aprobadas durante el período que se está investigando.
