Un empresario de las ITV se niega a declarar en la comisión de fraude del Parlamento catalán

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la empresa dedicada a las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) Certio, Ricard Puignou, imputado en el caso de las ITV, se ha negado a declarar en la comisión de fraude del Parlamento catalán y ha recibido las críticas de varios grupos por su silencio.

Según el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, el exdiputado de CiU Oriol Pujol exigió 30.000 euros a Puignou por votar en el Parlament a favor de los intereses del empresario en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008; además, Puignou mantuvo contactos con el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín Ortiz, que debía decidir sobre los recursos judiciales que afectaban al sector, y que fue suspendido por el Tribunal Supremo por asesorarle.

PREGUNTAS DE LOS PARTIDOS

Los grupos han lamentado que el empresario no haya querido responder a sus preguntas y le han afeado que tratara de influir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo --a través del mediador del Govern para elaborar el mapa de las ITV, Josep Tous-- para que actuaran en beneficio de su empresa.

Oriol Amorós (ERC) ha indicado que a su grupo le "preocupa" la influencia que su empresa quiso tener en la política y le ha preguntado si tenía contratado a Sergi Alsina, amigo de Oriol Pujol.

Asimismo, ha constatado que, según el sumario del caso, mantuvo "numerosas conversaciones con Josep Tous que indicaban claramente una parcialidad a favor de su empresa y sus intereses".

"Ha estado influyendo para modificar el marco normativo y favorecer sus intereses empresariales", ha añadido.

Desde el PSC, Jordi Terrades ha opinado que las conversaciones que aparecen en el sumario muestran "un estilo de hacer negocios y política que habría que desterrar".

A su entender, Puignou "intentaba cambiar la regulación de las estaciones de ITV" a su favor, y para eso influyeron, por ejemplo, en un magistrado, y lo intentaron con los servicios jurídicos de la Generalitat.

El popular Santi Rodríguez ha lamentado que, con su silencio, no han podido "contrastar las informaciones con una persona directamente implicada" en el caso ITV.

Marc Vidal (ICV-EUiA) le ha preguntado por qué está imputado, sobre sus relaciones con el magistrado Ortiz, con el mediador de las ITV Josep Tous, y directamente si pagó 30.000 euros a Oriol Pujol para que presentara enmiendas a la Ley de seguridad industrial.

El diputado de C's Carlos Carrizosa ha constatado que tiene derecho constitucional a no declarar, pero que el ITV es un caso "paradigmático de la corrupción política y de la empresa privada valiéndose de contactos políticos", y ha recordado que, además, está en conexión con un familiar de Jordi Pujol.

"La gente esto lo ve fatal, la gente y la ley esto no lo quiere, quiere separación de poderes y que la actividad administrativa sea imparcial", ha asegurado.

Isabel Vallet (CUP) ha lamentado que haya comparecientes en la comisión "que abusan del silencio, y esto solo hace corroborar la versión del sumario judicial".

La diputada de CiU Meritxell Borràs ha centrado su intervención en recalcar que Puignou trató de mediar con la administración también durante la época del tripartito y que se reunió con el conseller de Empresa Josep Huguet.

Según ella, "a través de unos y otros quería hacer llegar sus inquietudes y su voluntad de hacer las cosas de determinada manera", y ha constatado que trató --a través de varias personas-- de defender sus intereses ante varios gobiernos.

"Ha tenido una forma de actuación de buscar mediadores para poder hablar con los gobiernos de diferentes colores políticos", ha dicho.