BRUSELAS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
España es el único país miembro de la Unión Europea que ha traspuesto a su legislación nacional la decisión marco sobre los equipos conjuntos de investigación en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de seres humanos. Además, sólo cinco países --España, Austria, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos-- han adoptado la normativa comunitaria de lucha contra la pedofilia y la explotación sexual de los niños. Mientras, la decisión marco de la lucha contra el terrorismo deben ratificarla aún cinco socios.
El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, puso hoy estos ejemplos para ilustrar las dificultades con las que tropieza la Comisión Europea a la hora de aplicar la legislación comunitaria en el terreno de la seguridad y, de paso, justificar la propuesta del Ejecutivo comunitario de que las decisiones en el Consejo sobre asuntos de Justicia e Interior se tomen por mayoría cualificada y no por unanimidad, como ocurre ahora.
"Los Estados miembros no pueden, ni tienen por qué, ponernos unas metas sin darnos los medios para alcanzarlas. Lo que estamos pidiendo es menos de lo que dice el Tratado constitucional que todos los Gobiernos han firmado", recordó, por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso.
Barroso y Frattini hicieron hoy balance de los siete años transcurridos desde que, en octubre de 1999, la UE decidiera en Tampere (Finlandia) crear un espacio de libertad, seguridad y justicia europeo, y a pocos meses de que la ciudad finlandesa sea de nuevo escenario de una reunión de ministros de Justicia e Interior.
Ambos recordaron que la principal demanda de los ciudadanos es contar con una Europa segura, e insistieron en que los Veinticinco deben de ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en la gestión de los flujos migratorios y en el control de las fronteras exteriores.
Bruselas lamenta también que, aunque el grado de aplicación de las normativas a nivel nacional no es satisfactorio, los Estados miembros no pueden ser llevados ante el Tribunal de Justicia, como ocurre cuando se trata de asuntos del llamado primer pilar, es decir las políticas económicas y sociales. Eso sin contar con que las negociaciones en el Consejo son laboriosas y lentas y la unanimidad que se requiere conduce a menudo a acuerdos descafeinados.
Por ello, en el documento presentado hoy por la Comisión, y que servirá de base para el debate de los Veinticinco, no sólo se hace balance de los progresos, sino que plantea crear un mecanismo de evaluación de resultados anual, que refleje quién cumple y quién no con la normativa comunitaria. Asimismo, propone medios para mejorar el funcionamiento de las políticas en materia de libertad, seguridad y justicia y promueve, en este contexto, ampliar las competencias del Tribunal europeo de Justicia.
En todo caso, el presidente de la Comisión admitió que la propuesta para cambiar la regla de la unanimidad encuentra "algunas resistencias" por parte de los Estados miembros y que, por tanto, no espera un acuerdo "inmediato". Sin embargo, dijo ver que los países están "abriendo la puerta" a la iniciativa, al reconocer que la vía intergubernamental no siempre es efectiva.
Para ilustrar la necesidad que tiene la UE de agilizar su toma de decisiones, Barroso sacó a colación la reciente polémica tras conocerse que la agencia belga Swift proporcionó datos bancarios a la Administración norteamericana. "Si nuestra decisión marco estuviera ya aprobada, ahora podríamos tener en la UE medios para resolver esos problemas. En lugar de mantener un debate teológico sobre competencias, deberíamos concentrarnos en si queremos o no ser más eficaces", alertó.
AMPLIAR EL ESPACIO SCHENGEN
Por otra parte, el comisario Frattini avanzó que confía en que, en octubre de 2007, el espacio Schengen, que elimina las fronteras interiores de catorce países de la UE, pueda extenderse a ocho de los diez nuevos socios europeos, todos menos Malta y Chirpe, que se adherirán más tarde, a petición propia.
El responsable de Justicia, Libertad y Seguridad indicó que la Comisión realizará una evaluación país por país sobre los puntos fuertes y débiles de los países que desean incorporarse a Schengen, y que el primero de los informes se presentará a finales de este año, bajo presidencia de turno finlandesa.