La UPF destaca que la carrera judicial es "muy, muy conservadora" y reconoce la existencia de un "tufillo corporativo"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) defendieron hoy el carácter "único y estatal" del poder judicial y rechazaron que el deber de conocer el gallego sea un "requisito imprescindible" para acceder a la judicatura porque supondría una "fragmentación" de la carrera judicial.
Durante su participación en la Comisión de Estudio de la Reforma Estatutaria, jueces, fiscales y secretarios judiciales subrayaron la necesidad de que se respeten las competencias que la Constitución atribuye al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque valoraron que se hayan transferido ciertas competencias judiciales a las autonomías.
De esta forma, alertaron sobre la constitución de los consejos autonómicos de justicia porque "restaría" competencias al CGPJ y "fragmentaría" el poder judicial. También se mostraron contrarios a los jueces de proximidad por considerar que no tienen la preparación "técnica adecuada" y se mostraron partidarios de que el conocimiento de las lenguas oficiales del Estado, a excepción del español, sea obligatorio.
En este sentido, destacaron la necesidad de proteger y utilizar el gallego en los ámbitos judiciales, pero matizaron que, constitucionalmente, jueces y fiscales pueden utilizar el español, sin tener la obligación de conocer otra lengua oficial. Además, reclamaron que el Estatuto no recoja como "requisito imprescindible" el conocimiento de esta lengua para acceder a la carrera judicial, sino sólo como un mérito, igual que la experiencia en el cargo.
Por ello, señalaron que el problema está en que el uso de este idioma es "casi anecdótico" por parte de los profesionales de la justicia. Así, precisaron que en Ourense sólo hay dos abogados que utilizan habitualmente en gallego, entre ellos, el diputado del BNG, Iago Tabarés; en Lugo, uno o en O Carballiño, dos procuradores. También precisaron que "en muchas ocasiones" son los propios demandantes o demandados quienes utilizan el español.
DESIGUALDADES
Durante su intervención, el canario Guillermo García-Panasco, portavoz nacional de la Asociación de Fiscales, criticó que la descentralización de la justicia provocó "desigualdades" en algunas fiscalías. También se opuso a la composición y función de los consejos de justicia autonómicos porque "no elimina la politización" del poder judicial. "No se puede convertir el Ministerio Fiscal en 17 fiscalías distintas", precisó.
Sobre el gallego señaló se "rompería" el régimen jurídico español si se establece como requisito su conocimiento esto, "lo cual no contribuiría a resolver los graves problemas de vacantes" que existen en algunas zonas.
También el magistrado decano de los juzgados de Ourense, Antonio Piña Alonso, de la APM, destacó que "no se puede imponer" la obligación de conocer el gallego. "Su conocimiento como capacidad y requisito supondría una fragmentación de la carrera judicial", indicó. Asimismo, afirmó que la creación del Consello Galego de Xustiza podría "fragmentar" el poder judicial e insinuó que podría ser anticonstitucional.
Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de la APM, indicó que la "imparcialidad" del CGPJ estaría "en peligro" por la creación de los consejos autonómicos de justicia y criticó la reforma judicial planteada por el Gobierno central.
El magistrado de la Sala de lo Civil e Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y también miembro de la APM, José Antonio Ballestero Pascual, apostó por un tribunal que "unifique" las competencias judiciales porque indicó que es la "única salvaguarda" que tienen los ciudadanos para preservar su "libertad".
Por su parte, Asunción Barrio, de la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales, subrayó que la Constitución establece un "único" poder judicial en todo el Estado. También se opuso a la justicia de proximidad porque "no es profesional".
MEDIDAS DE APOYO
Finalmente, Álvaro García Ortíz, de la Unión Profesional de Fiscales, apostó por incrementar las medidas de apoyo y difusión del gallego entre el colectivo judicial, aunque consideró que no se puede imponer esta lengua. "Es una cuestión de Política Lingüística, pero la realidad es que su uso en nuestro ámbito es residual", indicó.
Sobre el deber de conocer este idioma, indicó que este término está "vacío de contenido" y no hay "medidas coercitivas" para obligar al aprendizaje ni del gallego, ni del español, dijo en alusión al artículo correspondiente de la Constitución sobre el deber de conocer el español. Por ello, apostó por ser "más imaginativo" a la hora de potenciar el uso de esta lengua en la judicatura.
No obstante, reconoció que existe un "tufillo corporativo" que afecta a la carrera judicial, especialmente, en la modificación de su actual estatus, tanto jurídico como lingüístico. "Tenemos que tener más amplitud de miras" dijo al tiempo que recordó que dentro, incluso, de la UPF hay fiscales que "no acaban de ver" la cooficialidad y la descentralización autonómica. "La carrera judicial es muy, muy conservadora y no es representativa de la sociedad", aclaró.
García Ortíz también abogó por superar el actual mapa territorial provincial para "mejorar" la administración de la justicia y recordó que el actual sistema "no es operativo" en algunas autonomías.
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