Denuncian "el incomprensible silencio" y la "pasividad" de los poderes públicos y piden una comisión de investigación
MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha empezado a remitir al Ministerio de la Presidencia los cientos escritos que afectados por la supuesta estafa filatélica de Fórum Filatélico y Afinsa han presentado ante la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja en las ultimas semanas, informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
En este primer envío al Ministerio de la Presidencia se incluye sólo un centenar de las más de ochocientas peticiones que miembros de este colectivo trasladaron al Congreso tras la intervención de las dos sociedades.
En esos escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, los afectados reclaman la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades y censuran el "incomprensible silencio" y la "pasividad" de los poderes públicos, señalando principalmente al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los afectados argumentan que "los graves sucesos" acaecidos en torno a Fórum Filatélico y Afinsa "llenan de gran y comprensible inquietud a cientos de miles de ciudadanos" que invirtieron ahí sus ahorros y que siguen el caso con una "total incertidumbre", entre otras cosas por "el incomprensible silencio y la pasividad demostrada por los poderes públicos".
Estos denunciantes recuerdan que el negocio de comercialización de sellos y otros bienes tangibles "es una actividad legalmente reconocida" y consideran que "no cabe duda" de que el Ministerio de Sanidad y Consumo es la institución a la que corresponde su control.
"Por consiguiente, tanto el citado departamento ministerial como los órganos directivos de él dependientes (Subsecretaría y Dirección General de Consumo), amén del Instituto Nacional del Consumo, organismo autónomo adscrito a Sanidad, son los directamente implicados en la acusación de inactividad que aquí se manifiesta, con el resultado lesivo que en los momentos presentes se está produciendo de manera multitudinaria y con notoria repercusión pública", sentencian.
DESPROTECCIÓN POR DESIDIA.
En su relato de hechos, los afectados recuerdan que un decreto de 2005 hablaba del desarrollo normativo de otros tipos de instituciones de inversión colectiva no financieras, entre las que cabría encuadrar los sellos, y que ese desarrollo "nunca se produjo". "La desidia e inactividad mostrada por la Administración se ha tornado en fatal desprotección de esa clientela y se revela inaceptable en un poder público", insisten.
"Un hondo malestar acucia a los ciudadanos al comprobar inermes cómo los poderes públicos ignoran de manera harto contumaz la voluntad popular, al no haber supervisado ni controlado eficientemente, como le era exigible, una actividad en la que gran número de personas han invertido sus ahorros con la confianza de obtener su lícita rentabilidad", recalca.
A su juicio, la sociedad española "no puede permitir en modo alguno una inhibición manifiesta de sus gobernantes en la resolución de situaciones de graves crisis nacionales" y por ello reclaman, en primer lugar, la creación de una comisión de investigación en el Congreso.
COMISION DE INVESTIGACION
Según apunta, esa comisión parlamentaria deberá "esclarecer, dilucidar y, en su caso, depurar las responsabilidades" imputables a la Administración, y en concreto al Ministerio de Sanidad, "por su inactividad y dejación de funciones a la hora de desarrollar la normativa de protección de los intereses de los clientes de las empresas de inversión en bienes de colección".
Precisamente, el pasado martes, la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones de Pleno en los periodos de vacaciones parlamentarias, rechazó una petición del PP para discutir en un Pleno extraordinario una comisión de investigación sobre este asunto. La demanda de los 'populares' no recibió el respaldo de ningún grupo, aunque PNV y Coalición Canarias no descartaron apoyar una investigación parlamentaria si vuelve a plantearse el asunto en el nuevo periodo de sesiones.
Por último, los afectados aprovechan el ejercicio del derecho de petición para reclamar también al Gobierno que conteste a su exigencia de explicaciones. El Ejecutivo podrá empezar a hacerlo cuando analice esa primera remesa de escritos que le acaba de ser remitida.
