Estafa filatélica.- El Tribunal Supremo archiva una querella de clientes de Fórum contra los ministros Solbes y Salgado

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado una querella presentada por varios clientes de Fórum Filatélico contra los ministros de Sanidad y de Economía y Hacienda desde el año 1989, incluidos los actuales, Elena Salgado y Pedro Solbes, respectivamente, por omisión del deber de perseguir delitos y abandono ilegal de un servicio público.

En un auto hecho público hoy, el alto tribunal sostiene que los ministros están "excluidos" del deber de promover la persecución de delitos y que "no aparece fundamento para entender que se aprecie o pueda apreciarse" la existencia de indicios de un delito de abandono ilegal de un servicio público.

Por tanto, el tribunal acuerda, como solicitaba la Fiscalía, inadmitir a trámite y archivar la querella, dirigida contra los ministros y contra los miembros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Consumo y "las autoridades y funcionarios que por su actuación activa u omisiva han generado esta situación".

En este sentido, responsabiliza a estos funcionarios de "permitir" la inversión en una empresa que presuntamente actuaba de forma ilegal y de "crear una alarma social sin precedentes que ha puesto en peligro la recuperación de las inversiones efectuadas" en Fórum Filatélico.

NO CORRESPONDE A LOS MINISTROS PERSEGUIR DELITOS

En su resolución, el Tribunal Supremo, tras señalar su competencia para investigar esta materia por la condición de ministros de los querellados, subraya que los hechos denunciados "no revisten caracteres de delito" y que la omisión del deber de perseguir crímenes es aplicable a funcionarios como la Policía Judicial, la Fiscalía o los integrantes de órganos jurisdiccionales, pero no los ministros.

En este sentido, subraya que fue la propia Agencia Tributaria la que denunció ante la Fiscalía los presuntos delitos cometidos en las empresas de inversión en bienes tangibles.

Respecto al delito de abandono colectivo manifiestamente ilegal de un servicio público, el Supremo argumenta que "no aparece fundamento para entender que se aprecie o, mediante la instrucción, pueda apreciarse la existencia de indicios" de la comisión de este delito.

Así, la querella sostenía que los responsables públicos, "como autoridades y funcionarios encargados de velar por los intereses públicos y, en concreto, por el bienestar de los ciudadanos, han protagonizado un abandono colectivo de un asunto que se estaba desarrollando 'con luz y taquígrafos', con continuas consultas a la Dirección General de Tributos y a la Agencia Tributaria, causando un perjuicio irreparable para más de 400.000 afectados".

El escrito también ponía "en entredicho" la situación de quiebra de Fórum, denunciaba la "deficiente regulación y control de la actividad que realizaba" la sociedad de inversión en bienes tangibles y alegaba que la intervención judicial "generó una alarma social innecesaria y de consecuencias trágicas para los inversores de esa sociedad".