BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, advirtió hoy al Gobierno que, si cede a la exigencia nacionalista de considerar el conocimiento del catalán como requisito obligatorio para ejercer como juez en Cataluña, alterará la estructura medular del Poder Judicial "como poder único y del Estado", y abocará al caos a la Administración de Justicia.
En un comunicado, firmado por su portavoz, Antonio García Martínez, la APM se opone también a la transferencia a la Generalitat catalana de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, con los secretarios judiciales a la cabeza. Sobre estos últimos destacan que deben seguir siendo "cuerpo jurídico superior, único y de carácter nacional".
La APM, de tendencia conservadora, señala al Gobierno que faltará a su palabra si hace concesiones en estas materias, para lo cual transcribe en el comunicado manifestaciones públicos del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, oponiéndose a ambas medidas.
La asociación hace estas precisiones ante la pretensión de determinados partidos catalanes de considerar el conocimiento del catalán como un requisito "para ejercer la Justicia en Cataluña" y de que "material y personal, incluidos los secretarios judiciales, dependieran de la Generalitat".
La APM sostiene que "el Poder Judicial es un poder único y del Estado, emanado de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que a su vez integra la Nación Española, en cuya indisoluble unidad, como patria común e indivisible de todos los españoles, se fundamenta la Constitución Española".
Añade que establecer el conocimiento de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas como requisito de capacidad para la provisión de destinos de la Carrera Judicial, "reduciría a cenizas, por el efecto de fragmentación que la compartimentación territorial produciría, al no poder acceder a los destinos de las Comunidades Autónomas con lengua propia más que los Jueces que acreditasen su conocimiento, el carácter nacional imperativamente predicable, en términos constitucionales, de la Carrera Judicial".
Por ello, exigen al Gobierno "sometimiento a la Constitución, responsabilidad política y respeto a la palabra dada", al creer que las medidas pretendidas por los nacionalistas alterarían "la estructura medular del Poder Judicial como poder único y del Estado, dando lugar a una solución extremadamente radical y contraria al interés general que podría sumir en una situación de auténtico caos a la Administración de Justicia, repercutiendo negativamente en el conjunto de los ciudadanos y en el derecho que todas las personas tienen a obtener la tutela judicial efectiva".
