Estatut.- La asociacion judicial Francisco de Vitoria considera inconstitucional que los jueces tengan que saber catalán

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación judicial Francisco de Vitoria consideró hoy inconstitucional el deber de los jueces de hablar catalán en esta comunidad autónoma, tal y como se acordó en la ponencia del Congreso sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En su lugar, propusieron que el conocimiento de esta lengua venga recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y sea valorado como un "mérito" para el acceso a una plaza de magistrado en esta región.

Así lo comunicó la asociación en un comunicado de prensa, en el que manifiesta "su profunda preocupación" y "cuestiona la constitucionalidad" de esta medida, ya que estima que vulnera el artículo 122.1 de la Constitución, "que reserva a la Ley Orgánica del Poder Judicial la determinación del estatuto jurídico de los jueces y magistrados".

Según ellos, con esta iniciativa se pretende "blindar" esta obligación a través de su "inadecuada inclusión" en el Estatuto, lo que impediría que pudiese ser modificado por las mismas mayorías parlamentarias que si fuese una ley orgánica "como es la del Poder Judicial". De este modo, añaden, "se afecta negativamente a la configuración del Poder Judicial como poder del Estado y de la carrera judicial como cuerpo único de aquel".

Asimismo criticaron que, "desproporcionadamente", se valore como un mérito "determinante" el conocimiento del catalán, al otorgarle "prioridad absoluta" sobre la formación jurídica y la capacidad de los jueces, en detrimento de la "esencia de la función jurisdiccional", que consiste en "administrar recta e imparcial justicia" y garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Por este motivo, reclamaron que el conocimiento del catalán sea regulado "de forma exclusiva y excluyente" en la Ley Orgánica del Poder Judicial de forma que, al igual que ocurre con el resto de lenguas cooficiales, contemple mecanismos que "promuevan" el uso de esta lengua autonómica, como que sea considerada un "mérito" para acceder a una plaza judicial.

Hasta que se consiga la "progresiva instauración de forma racional" de esta lengua, concluyen, el derecho de opción lingüística de los catalanes se encontrará "garantizado" por el "adecuado" funcionamiento de servicios de traducción, "como actualmente sucede".