Estatut.- Asociaciones de jueces piden que Hernando dimita por su "menosprecio a la lengua catalana"

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las secciones territoriales de Catalunya de Jueces para la Democracia (JpD) y de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria pidieron hoy la dimisión de Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por "menospreciar" la lengua catalana al comparar el conocimiento del catalán en Catalunya con el de las sevillanas en Andalucía.

Estas asociaciones consideran que las declaraciones de Hernando, "precisamente por su carácter público y por venir de quien vienen, no se pueden tomar a broma y son de una gravedad extrema" y, por ello, piden que el presidente del Supremo y del CGPJ "cese en su cargo, ya sea por iniciativa propia o por decisión del plenario del CGPJ".

A su juicio, las palabras de Hernando manifestando su oposición a la exigencia que plantea el Estatut sobre el conocimiento del catalán por parte de los jueces destinados en Catalunya, "comportan, nuevamente, una intromisión inadmisible por parte del máximo representante del Poder Judicial en la función del poder legislativo ostentada por los Parlamentos catalán y español".

JpD y Francisco de Vitoria entienden que las declaraciones de Hernando "explicitan un manifiesto menosprecio de la lengua catalana", a la que considera una lengua "sin proyección positiva", apreciable únicamente como factor de "enriquecimiento personal".

A este respecto, las dos asociaciones denuncian la "flagrante ignorancia" del presidente del Supremo, que al parecer desconoce que, "según consagra la Constitución, el catalán es, junto con el castellano, idioma oficial en Catalunya, además de su lengua propia, tal como proclama el actual Estatut".

Las declaraciones de Hernando "suponen su oposición, no ya a la exigencia del conocimiento del catalán, sino también a la mera conveniencia de este conocimiento, establecida en el actual marco normativo, que valora como mérito del juez este conocimiento".

Según JpD y Francisco de Vitoria, "este cuestionamiento supone en la práctica imposibilitar el derecho de todo ciudadano a 'dirigirse a los jueces o tribunales en la propia lengua, de forma oral y escrita, sin que por parte de las autoridades o funcionarios se le pueda pedir traducción ni dilatar la tramitación en razón de la lengua utilizada'".

Este derecho está consagrado en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ratificada por el Estado español y, por tanto, integrada en nuestro ordenamiento jurídico interno como Tratado internacional, tal y como informan dichas asociaciones.

JpD y Francisco de Vitoria consideran que "la intromisión en la función legislativa de Hernando, su menosprecio a la lengua propia de este país y la no aceptación, ni tan sólo, del marco constitucional y legal actual respecto a un tema tan sensible, deben comportar necesariamente que cese en la función que ostenta".