MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El 'conseller' de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, afirmó hoy que todavía "hay cierto margen de maniobra" para mejorar la propuesta de financiación que el Gobierno ofrece al proyecto de Estatuto de Autonomía, y advirtió de que un aumento en la participación de determinados impuestos no tiene que estar vinculado a la rebaja en otras partidas tributarias.
Castells -que participó en un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP)- se refería así a la propuesta del Ejecutivo de elevar la cesión del IRPF al 50% y la de los impuestos especiales del 40% al 50%, así como ceder el IVA minorista. Aunque reconoció que aún hay margen para mejorar "la cesta de impuestos", el 'conseller' pidió que la atención no se centre en los "porcentajes llamativos" sino en "una valoración del conjunto".
Castells explicó que "la mejora real" de la participación de la Generalitat en algunos tributos del Estado depende de si dicho aumento "va acompañado o no" del mantenimiento de los ingresos que se reciben por otros conceptos, como el Fondo de Suficiencia. "No se pueden valorar sólo los porcentajes de participación en distintos impuestos", explicó.
En este sentido, el 'conseller' recordó que el proyecto de Estatuto recoge que hay una serie de impuestos estatales en los que la Generalitat podrá participar, y que precisamente uno de los puntos clave de la negociación económica es qué porcentaje de participación corresponde a cada Administración.
"El primer proyecto de Estatuto sometido al dictámen del 'Consell' proponía un porcentaje de participación que no fuera en ningún caso inferior al 50% del IRPF, y en este aspecto se nos dijo que no y se tuvo que eliminar --explicó--, pero la filosofía era que sí se aceptaba la participación en porcentajes". "Es difícil cuantificar el resultado económico para Cataluña", agregó.
AGENCIA TRIBUTARIA CONSORCIADA CON EL ESTADO
Respecto a la gestión de todos estos impuestos, el dirigente catalán defendió la estructura de una única agencia tributaria catalana consorciada con el Estado, que se logre un término medio entre la propuesta del Parlament y la "muy limitativa" que contraofertó el PSOE. "Hay un terreno intermedio importante", dijo, para añadir que el proyecto no es "intervencionista sino detallista".
Su apuesta es que esta agencia catalana tenga competencia en la gestión de todos los tributos cedidos y que contenga "fórmulas consorciadas" para impuestos importantes como el IRPF. "Y finalmente sería importante que se establecieran fórmulas para asegurar la presencia real de la Generalitat, o de otras CCAA si así se decide, en los órganos de la Agencia Tributaria (estatal)", agregó.
Antoni Castells expuso que ahora hay dos administraciones fiscales en Cataluña y que su apuesta es que haya una, pero que de cara a lograr un acuerdo al respecto, la exigencia del Gobierno catalán es establecer la "presencia real" de la Generalitat en la gestión de los impuestos y la "eficacia y simplicidad" tributaria de cara a los ciudadanos.
El 'conseller' reconoció que es consciente de que "existen restricciones" en la negociación, y que él personalmente es "de los convencidos de que difícilmente el Estado puede adelgazar mucho más" en materia financiera para transferir un volumen apreciable de recursos a las comunidades autónomas en su conjunto.
INVERSIONES EN CATALUÑA
El consejero también se mostró especialmente crítico al abordar el capítulo de las inversiones estatales en Cataluña. La media anual de los últimos ejercicios, aseguró, equivale al 10% del conjunto nacional, cuando Cataluña supone el 19% del PIB y el 16% de la población del país.
A su juicio, debe ser esa tasa del PIB la que determine las inversiones estatales, asunto que va a ser posible resolver en el nuevo Estatut, dijo Castells. Y agregó que no incrementar esas cantidades no sólo perjudicará a la economía catalana sino también a la española, de la que aquella es "locomotora".
CUOTA DE SOLIDARIDAD
Por último, Castells pidió que no use el concepto de la 'cuota de solidaridad' en el sentido de "poner límites" cuando "en realidad es totalmente lo contrario, y así se evitan lanzar mensajes erróneos o confusos". Aseguró además que la solidaridad "no se puede decidir unilateralmente porque afecta a todo el mundo".
"El proyecto de Estatuto recoge que el concepto de solidaridad es dar ayudas a otras comunidades autónomas para que todas presten servicios similares al margen de su riqueza y pobreza porque se trata de recortar distancias y no invertir posiciones --concluyó-- pero que si se hace un esfuerzo fiscal valorado por encima de la media, una parte de este esfuerzo debe repercutir en la propia Generalitat".