Estatut.- Jueces y secretarios judiciales cuestionan la constitucionalidad del catalán como mérito determinante

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación judicial Francisco de Vitoria y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales cuestionaron hoy la constitucionalidad de la implantación de las lenguas cooficiales, en especial el catalán, como merito determinante para desempeñar un cargo en la carrera judicial, al estimar que "podría vulnerar el artículo 122.1 de la Constitución que reserva a la Ley Orgánica del Poder Judicial la determinación del estatuto jurídico de jueces, fiscales y secretarios judiciales".

Ante la aprobación por la Comisión Constitucional, en la sesión del 13 de marzo, del capítulo III de la proposición de la ley de reforma del Estatuto de Cataluña relativa al "Poder Judicial en Cataluña", el colectivo entiende que esta iniciativa pretende "blindar" el establecimiento de un deber de conocimiento de una lengua cooficial a través de "su inadecuada inclusión" en un Estatuto de Autonomía, que "por su naturaleza no podría ser objeto de modificación ni siquiera reuniendo las mayorías parlamentarias exigidas para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

A su juicio, esta reforma afecta "negativamente" a la configuración del Poder Judicial como Poder del Estado, y a la Carrera judicial y el Cuerpo de Secretarios Judiciales como cuerpos únicos del Estado. Por ello, reclaman que la materia referida sea objeto de regulación de forma "exclusiva y excluyente" en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como proclama la Constitución Española.

En concreto, las asociaciones de jueces y secretarios judiciales consideran en un comunicado que el establecimiento del catalán como un merito determinante para el acceso a las plazas judiciales en Cataluña otorga "prioridad absoluta a dicha consideración sobre cualesquiera otros más" vinculados a la formación jurídica y capacidad de los jueces y magistrados.

OBSTÁCULO EN LA JURISDICCIÓN

Ante esta situación, el colectivo propone otros mecanismos diversos que fomenten "la utilización de dicha lengua, incentivando su aprendizaje como vehículo de comunicación y entendimiento con la sociedad a la que se sirve, y no como obstáculo al desempeño de las funciones jurisdiccionales, procesales o de fe pública" que desempeñan jueces, magistrados y secretarios judiciales.

Asimismo, consideran conveniente la consideración del conocimiento lingüístico, establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como mérito, que, entre otros, sea "adecuadamente valorado para acceder a plazas de juez, magistrado o secretario judicial, o la concesión de licencias de estudios para el aprendizaje del catalán". En su opinión, así se propiciará "la deseable y progresiva implantación de forma racional" de la utilización de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Justicia.