MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El enfrentamiento entre el PSOE y los partidos catalanes, incluido el PSC, por al gestión del aeropuerto de El Prat (Barcelona) enturbió el ambiente de consenso y dejó a los socialistas en minoría hasta en cuatro ocasiones durante la sesión de mañana de la Comisión Constitucional, sin poder sacar adelantes sus cambios en los artículos referentes a aeropuertos y selecciones deportivas catalanas, que luego fueron rechazados por el Congreso, aunque reafirmados por el Parlament.
La discrepancia habrá de ser resuelta por la Mesa de la Comisión que preside Alfonso Guerra, si bien PSOE y PP dan por hecho que prevalece el criterio de la Cámara Baja y que esos artículos serán suprimidos y no llegarán al Pleno.
A pesar de que el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, señaló que los detalles de la gestión de los aeropuertos no puede resolverse en una sesión de comisión por su complejidad y pidió a los partidos catalanes "un voto de confianza para el futuro", ni siquiera el PSC le apoyó en el voto particular en el que rechazaba para el Aeropuerto de Barcelona un régimen especial de funcionamiento pactado entre Generalitat y Estado, establecido en el artículo 140.7.
"A la vista de lo que hemos trabajado y de lo que este Gobierno ha hecho para que ese trato de afecto, comprensión y pacto que reclamaba este Estatut, les pregunto si merece o no un voto de confianza la voluntad política que expresa este partido a que esto se resolverá mediante las leyes correspondientes y el consenso necesario --emplazó--. Sinceramente, sí lo merece", aseguró Jáuregui.
No obstante, su llamamiento no obtuvo respuesta y fueron rechazados uno tras otro sus votos particulares al artículo 140 sobre infraestructuras de transporte y se consagró la discrepancia entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlament.
El PSC votó de forma diferenciada al PSOE en el apartado 7 del citado artículo para rechazar el voto particular socialista y después para defender el texto aprobado en el Parlament de Catalunya. No obstante, sí que sumó sus votos al PSOE para el resto de votos particulares referentes a este artículo.
Desde CiU, Felip Puig acusó al PSOE de querer perpetuar en España el "modelo griego" aeroportuario, mientras que Josep Sánchez Llibre defendió la participación de la Generalitat en la gestión de El Prat para "evitar que se produzcan regalos a una empresa privada pagados con impuestos de todos los españoles" y citó la inversión de 6.200 millones en la T-4 del Aeropuerto de Barajas y su "regalo" a Iberia.
Para ERC, la propuesta del PSOE "no pasa de ser poesía" por su "imprecisión" y lamentó que los socialistas sí se apresuren a ceder los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell, que son "auténticos cadáveres". Desde ICV, Joan Saura lamentó que el PSOE "tiña de negativo" un título competencial satisfactorio y calificó la situación de "desastre político".
SIN SELECCIONES
Las discrepancias se repitieron en el artículo 134.1b, que regula la competencia de la Generalitat en la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas para que participen en competiciones oficiales en el extranjero mediante selecciones deportivas nacionales.
El PSOE se opuso tanto al reconocimiento de las selecciones "nacionales" como a su participación en competiciones "oficiales", pero su voto particular fue rechazado con los votos en contra de todos los partidos a excepción del PSC, que lo apoyó en la delegación catalana. Según Jáuregui, en esta materia el PSOE "ha llegado hasta donde podía", en medio de los reproches de los partidos catalanes.
A la hora de votar el artículo, se repitió la discordancia entre la Comisión Constitucional, donde el PSOE y el PP se pronunciaron en contra del texto aprobado en el Parlament, y la delegación catalana, aunque aquí el PSC votó nuevamente en sentido diferente al resto de grupos catalanes y siguió las directrices del PSOE. No obstante, tanto CiU como ERC prefirieron la desaparición del artículo desaparezca antes que asumir su rebaja.
Tanto en el PSOE como en el PP se da por hecho, a la espera de la decisión que adopte la Mesa de la Comisión Constitucional al final de los debates, que estos artículos desaparecerán del dictamen que se someterá a votación en el pleno y por tanto no volverán a discutirse. Por su parte, desde la delegación catalana se baraja la posibilidad de volver a trabajar sobre los temas discordantes, ya sea volviendo a Ponencia o en el Senado.
TAMBIÉN DESAPARECE POLÍTICAS PASIVAS.
El tercer punto de conflicto en la comisión fue el artículo 170.1l, referente a las competencias en políticas pasivas de empleo, en el que el PSOE también perdió su voto particular tras registrarse sendos empate en las dos delegaciones que se dirimieron por voto ponderado. A la hora de someter a voto el artículo, la abstención de CiU en la delegación catalana propició la desaparición del artículo, ya que en el bloque del Congreso PSOE y PP votaron en contra y en el bloque catalán el PSC hizo lo propio.
Al margen de desencuentros, PSOE, CiU, PSC e ICV pactaron hasta ocho enmiendas transaccionales, a las que ERC se sumó en seis ocasiones, y que como elemento más destacado permiten la participación de la Generalitat en los órganos de administración de Paradores Nacionales de Turismo. Además, se consensuaron los artículos sobre juego y la Corona de Aragón, entre otros.
En total, se han modificado 62 de los 63 artículos competenciales, pese a lo que el PP mantuvo su posición radical. La responsable del PP en política autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que, con el Estatut, la ejecución de competencias del Estado en Cataluña habrá de contar con autorización o informe previo de la Generalitat, que a su vez es objeto de transferencias, transformando el modelo de distribución competencial.
Y todo ello, a su juicio, "en contra de la eficacia y de la rapidez que los ciudadanos reclaman" en su relación con la Administración. "Aquí se habla mucho del poder de la Generalitat, pero hoy damos muchos pasos atrás a la hora de solucionar los problemas de los ciudadanos", remachó.
PP: ACABARÁ EN EL TC
Por su parte, Federico Trillo se centró en las competencias de sectores profesionales del mundo jurídico, que a su juicio Cataluña pasará a asumir en su totalidad para dotarse de un régimen propio que choca con la Constitución. Volvió a advertir de que el Estatut "llegará seguro al Tribunal Constitucional", lo lleve el PP "o el 'sursum corda'".
Desde el PSOE, el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, se defendió de la acusación de romper el modelo autonómico recordando al PP que su actitud de no negociar cambios también supone una ruptura del compromiso de consenso recogido en la Constitución.
Además, avisó al PP de que sus alarmas pueden decaer con el tiempo, como ocurrió cuando se comprobó que el Estado no se rompió "ni la mina se hundió" después que el Gobierno del PP decidiese en su día que los presidentes de los puertos los nombran las comunidades y "liquidase" la figura de los gobernadores civiles. "Estas alarmas, cuando no están cargadas de razón, el tiempo los destruye y eso ocurrirá con muchas de sus alarmas y dramatismos", aseveró.