Estatuto aragonés.-CHA insistirá en ampliar las competencias de texto, que llega el martes, 3 de octubre, al Congreso

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Estatuto de Autonomía de Aragón llegará el próximo martes 3 de octubre al Congreso de los Diputados para debatir su aprobación. Chunta Aragonesista se abstendrá en la votación y exigirá que en el texto se incluyan un sistema de financiación obligatoria, una cláusula que asegure los recursos hídricos para Aragón, doce competencias que aparecen incluidas en los estatutos de otras comunidades autónomas, como Baleares, Andalucía, y Cataluña, así como que se considere la realidad trilingüe en Aragón (castellano, aragonés y catalán).

Así lo explicaron esta mañana el diputado de CHA en el Congreso, José Antonio Labordeta, el presidente nacional de CHA, Bizén Fuster, y el vicesecretario general de CHA y portavoz del partido en las Cortes de Aragón, Chesús Bernal.

Al Congreso acudirán dos representantes del Gobierno de Aragón y uno de la mayoría mixta para participar en el debate del estatuto. Si el texto se aprueba y se admite a trámite, explicó Labordeta, continuará el procedimiento, el estatuto irá al Senado y posteriormente retornará al Congreso.

Si ganara el 'no', se detendría el proceso parlamentario, "pero supongo que el texto saldrá adelante porque el PP y el PSOE van a votar favorablemente", consideró el diputado. Respecto a los grupos minoritarios, Labordeta apuntó que no pensaba que fueran a aportar mucho en el debate ya que los nacionalistas debatirán sus posturas con ellos antes de la sesión. De esta manera, "tendremos 40 minutos para debatir y presentar nuestras propuestas, y 10 minutos en el turno de respuesta", señaló y ese "es mucho tiempo para contar una película de risa".

Una vez que se vote favorablemente a la tramitación, el texto pasará a la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra. "Ahí todo va un poco lento, ya que hay tres estatutos de autonomía antes que el aragonés, así que posiblemente hasta enero de 2007 no se publicará en el BOE", indicó Labordeta.

ABSTENCIÓN POSITIVA

"Nos hemos abstenido de manera positiva porque hemos tendido la mano a la búsqueda del acuerdo", apuntó el diputado. Este estatuto no garantiza las inversiones en Aragón para el futuro, y en él no se aseguran los recursos hídricos, explicó. Además, se excluyen hasta 12 competencias que otras CC.AA., como Andalucía y Cataluña, tienen "y nosotros no tenemos", y "nos encontraremos con una pared muy dura ante nuestra propuesta de reflejar en el texto la realidad trilingüe en Aragón". "En ese punto será difícil llegar a un acuerdo porque los partidos que apoyan al PP en este estatuto se han cerrado en banda a apoyar el catalán y el aragonés", apostilló.

"Nosotros querríamos decir sí al estatuto pero están esas 12 competencias en las que se podría avanzar, también el tema de la financiación, y si esos aspectos beneficiaran a Aragón pues votaríamos a favor", manifestó. "Si vemos que nuestra exigencias no avanzan, buscaremos apoyo en los grupos nacionalistas para que también se abstengan".

Así, en caso de que el estatuto saliera adelante, el texto aprobado estaría "cojo" sin el voto de los nacionalistas, y perdería "dignidad". "Presentaremos enmiendas parciales ante la Comisión y espero que salgan adelante y podamos tener un estatuto ya no de primera, porque no lo será, pero por lo menos de primera B", añadió.

"Si finalmente el estatuto fuese todavía más rebajado por PSOE y PP tras su paso por las cámaras, no nos abstendremos sino que votaremos no y buscaremos apoyos", concluyó Labordeta.

LAS COMPETENCIAS DE LA DISCORDIA

Chesús Bernal insistió en que las enmiendas que presentará CHA el próximo martes "no son nada fuera de lo que ya aparece en la legislación vigente aragonesa, estatal y europea". "Hay que transponer a esta Ley Orgánica que será el nuevo estatuto los cuatro puntos que señalaba Labordeta (financiación, política hidráulica, competencias y trilingüismo) porque ya aparecen contemplados en la legislación", matizó.

El principal punto de la discordia se encuentra en 12 competencias que se incluyen en otras legislaciones autonómicas pero que quedan fuera de la aragonesa. "¿Por qué PSOE y PP quieren que esas doce competencias se reflejen en los demás estatutos y no en el aragonés?", se preguntó Bernal.

Las competencias en cuestión se refieren al establecimiento de las demarcaciones correspondientes a las notarias y registros de la propiedad; a la gestión, liquidación y recuperación de las tasas judiciales; a un informe previo de la comisión bilateral estado-aragón respecto a la ubicación de las infraestructuras y equipamientos de ámbito estatal; a la competencia sobre menores infractores; y a la competencia sobre la elaboración y la reforma de la legislación penal y procesal que afecta a los menores.

Otras competencias no incluidas en el estatuto aragonés son el informe y autorización de nuevas modalidades de juegos y apuestas en aquellas materias de competencia estatal y que afectan a un territorio determinado, y que "en los otros estatutos se incluye que habrá un informe de la comunidad afectada, pero por lo visto no tiene que haber un informe previo de Aragón", denunció Bernal; la participación en organismos que tengan por objeto el deporte en el ámbito estatal e internacional; y la autorización de trabajo a extranjeros cuya labor de trabajo se desarrolle en la CC.AA.

Además se excluyen el registro aragonés de propiedad intelectual; el registro aragonés de propiedad industrial; las comunicaciones electrónicas, "importantes en la actualidad por las operaciones que podrían resolverse por internet"; y las oposiciones y concursos de notarios y registradores de la propiedad.

"¿Por qué cuatro partidos votaron a favor de que estas competencias se incluyesen en otros estatutos y las rechazaron para el de Aragón?", insistió Bernal. "No perdemos la esperanza y vamos a tratar de incluir esas competencias porque pensamos que son importantes", apostilló.

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE

Respecto a la financiación, los nacionalistas propondrán recuperar lo planteado en el Estatuto de 1994, aprobado por unanimidad por todos los partidos aragoneses aunque sin la participación de CHA, que llegó al Congreso en 1995.

"Queremos que se incluya un compromiso de inversión estatal", que en el caso catalán va ligado a su IPC, por lo que reciben un 18 por ciento de la inversión estatal, y en el caso andaluz, está ligado a su población, por lo que también perciben un 18 por cien del presupuesto, explicó Bernal. "¿Cómo es posible que en el Estatuto aragonés realizar estas inversiones sea una recomendación y no aparezca como una obligación como en el resto de CC.AA.?", planteó el vicesecretario y portavoz.

El sistema de financiación debería tener en cuenta el territorio que ocupa la comunidad, señaló, que responde al 10 por ciento del territorio nacional y la "inversión debería ser acorde con esa realidad".

La financiación se traduce en los Presupuestos Generales del Estado, explicó Bizén Fuster. "Observamos como el delegado del Gobierno presentaba triunfalmente los PGE y decía que están por encima de lo que Aragón representa en cuanto a población y en PIB, y que un 4 por ciento es mucho más de lo que somos", indicó.

"Pero es mucho menos de lo que representamos en territorio, y no se puede medir las inversiones de infraestructuras en función de la población porque van en función del territorio", aseveró. Si el reparto se hiciera correctamente, "tendríamos unas inversiones de 1.500 o 1.700 millones en vez de ser de 1.000 millones de euros y la inversión vendría respaldad por esta Ley Orgánica", sentenció.

Por último, los nacionalistas exigirán el martes que en materia de agua se siga fielmente la legislación europea, en la que se asevera que "la unidad de cuenca es sagrada". "Puesto que la cuenca es sagrada para llevar a cabo un trasvase será necesario el acuerdo de las cuencas afectadas", concluyó.