Estatuto aragonés.- El Congreso inicia la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía el próximo martes

Actualizado: domingo, 1 octubre 2006 14:15

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados inicia el próximo martes, 3 de octubre, la tramitación del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, ley orgánica que se reforma profundamente por segunda vez y que debe entrar en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2007.

El Pleno del Congreso celebrará el martes una primera sesión de toma en consideración, mecanismo mediante el cual la Cámara Baja de las Cortes Generales iniciará el debate.

La enviada por las Cortes de Aragón es la sexta reforma estatutaria que llega a la Cámara Baja, tras las del País Vasco --la única que no fue tramitada--, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares. Después del inicio del debate sobre el Estatuto aragonés llegará el turno del canario, que previsiblemente tendrá lugar en noviembre.

Los grupos parlamentarios han acordado reservar la sesión plenaria del martes únicamente para el debate de toma en consideración de esta reforma estatutaria, tal y como se viene haciendo con la propuestas de este tenor que han llegado al Congreso en lo que va de legislatura.

El debate comenzará a las 13,00 horas con los discursos de los representantes de las Cortes de Aragón, que serán el presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias (PSOE), el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel (PAR) y el presidente regional del PP, Gustavo Alcalde. La sesión se reanudará a las 16,00 horas con las intervenciones del Gobierno y los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.

Posteriormente, se abrirá un proceso de enmiendas que se tramitarán, inicialmente, en la Comisión Constitucional, ya que al ser el Estatuto la norma institucional básica de la comunidad autónoma pertenece al denominado bloque legislativo constitucional. Como todos, el Estatuto aragonés es una Ley Orgánica y tiene la máxima fuerza de ley dentro del ordenamiento jurídico español.

El presidente de la Comisión Constitucional es el, a su vez, exvicepresidente del Gobierno de España y actual diputado socialista, Alfonso Guerra, quien estará asistido por el vicepresidente primero de la Comisión, el también socialista José Andrés Torres Mora, mientras que el vicepresidente segundo es el diputado nacional del PP Jaime Ignacio del Burgo. La secretaria primera es la socialista zaragozana Eva Sáenz y la secretaria segunda, la popular Carmen Matador de Matos.

Los portavoces titulares de esta Comisión son Josep Antoni Duran i Lleida (CiU); Aitor Esteban (EAJ-PNV); Ramón Jáuregui (PSOE); Begoña Lasabaster, de Eusko Alkartasuna, que cederá su puesto al nacionalista de CHA José Antonio Labordeta, durante la tramitación del Estatuto aragonés; Gaspar Llamazares, de IU-ICV; Paulino Rivero (Coalición Canaria), Joan Tardá (ERC) y Federico Trillo-Figueroa (PP).

También pertenecen a la Comisión Constitucional Ángel Acebes; Javier Arenas; Ignacio Astarloa; José Antonio Bermúdez de Castro (PP); Gabriel Cisneros; Gabriel Elorriaga; Jorge Fernández; Jesús López-Medel; Dolors Nadal; Julio Padilla y Juan Carlos Vera, por el PP, así como Diego López Garrido; Francesc Antich; Elviro Aranda; Juan Antonio Barrio de Penagos; José María Benegas; José Luis Galache; Antonia García Valls; Elisenda Malaret; José Pedro Muñoz González; Jordi Pedret; Juan Luis Rascón; Javier Torres y Francesc Vallès, por el PSOE.

Otros miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, en este caso adscritos, es decir, con voz pero sin voto, son Cipriá Ciscar, Francisco Garrido y Pilar Unzalu, por el PSOE; Olaia Fernández, del BNG-Grupo Mixto; Ana Torme, del PP y Jordi Xuclá (CiU). Los letrados encargados de asistir a los parlamentarios en esta Comisión son Manuel Fraile y José Luis Peñaranda.

Como señala la Sección primera del Capítulo III del Título V del Reglamento del Congreso de los Diputados, la aprobación de la reforma del Estatuto aragonés exige el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto, lo que supone el apoyo de al menos 176 diputados. PSOE y PP, mayoritarios también en las Cortes de Aragón, negociaron con sus respectivos Grupos del Congreso la aprobación de la reforma aragonesa, paralelamente al debate del Estatuto en las Cortes aragonesas. De los partidos representados en Aragón, tienen diputados al Congreso PSOE, PP, CHA e IU.

Tras el debate de las enmiendas en la Comisión Constitucional del Congreso, y una vez el texto aragonés obtenga el sí inicial del Pleno de la Cámara Baja, pasará al Senado, donde están representados -de entre los partidos de Aragón_PSOE, PP, PAR e IU. En el caso de que el Senado introdujera enmiendas, se devolvería al Congreso, que debatiría la incorporación de estas, o no. El Pleno del Congreso deberá celebrar un debate final, al que seguirá una votación en la misma sesión. Finalmente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor.

CONTENIDO

La reforma del Estatuto incluye un preámbulo que pretende ser una declaración de la ubicación política de Aragón y que realiza un recorrido por la Historia, al tiempo que recuerda que Aragón es una nacionalidad.

El proyecto de reforma incluye, por primera vez, un Capítulo sobre derechos de las personas, entre otros el testamento vital, y mantiene a la comunidad dentro del régimen común de financiación de las comunidades autónomas. Las lenguas minoritarias, aragonés y catalán, no serán co-oficiales, como pretendía CHA, que justificó su abstención inicial por este y otros motivos.

Entre otras novedades, Aragón podrá tener su propia Policía autonómica y convocar algunas consultas populares, así como disolver las Cortes cuando el presidente de la DGA quiera, inaugurando después legislaturas autonómicas completas, de cuatro años de duración. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) volverá a ser la máxima instancia en recursos de casación y revisión de causas civiles forales.

Por lo demás, el nuevo Estatuto destaca la voluntad de integración de las personas inmigrantes, facilita la cooperación de los aragoneses en el exterior, y establece nuevas relaciones con la Unión Europea.