VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos Popular y Socialista en las Cortes de Castilla y León incidirán en las enmiendas parciales conjuntas, que presentarán a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, en reforzar las señas e identidad histórica de la Comunidad y en "afinar" algunos derechos sociales.
Así lo manifestaron el portavoz popular, José Antonio de Santiago Juárez, y el procurador socialista Oscar Sánchez, en sendas ruedas de prensa convocadas hoy, en las que coincidieron en los ejes de las enmiendas así como en reafirmar el diálogo en la recta final de aprobación de la reforma por las Cortes de Castilla y León.
De Santiago y Sánchez ratificaron que el texto, registrado por acuerdo de ambos grupos el pasado mes de julio, mantendrá la fórmula propuesta para la gestión de la competencia de la Cuenca del Duero, pese a que el dictamen del Consejo Consultivo duda de la capacidad del Gobierno regional para el desarrollo normativo en esa materia.
"Que nadie espere encontrar ni blindajes competenciales, ni soberanismos hídricos, ni financiaciones a la carta, ni deudas ancestrales de España con Castilla y León, ni derechos históricos supraconstitucionales, ni identidades ni realidades nacionales", remarcó De Santiago Juárez.
El plazo de presentación de las enmiendas parciales termina el 13 de octubre, y el portavoz popular expresó la voluntad de registrarlas esta semana, siempre de manera conjunta con el Grupo Socialista, idea que también remarcó el procurador Oscar Sánchez.
Ante "la descompensación histórica" del preámbulo que señala el dictamen del Consejo Consultivo, el portavoz popular apuntó incluir una referencia al papel de los Reinos de Castilla y de León en el descubrimiento de América, a las huellas primitivas del castellano --primeros testimonios escritos aparecen en el Becerro Gótico de Valpuerta (Burgos) y en la Nodicia de los Kesos del Monasterio de los Santos Justo y Pastor de Rozuela (León)-- y al movimiento comunero y la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521.
Por su parte, Sánchez propuso la creación del Instituto Alfonso IX para la promoción de los valores democráticos y reforzar los símbolos y la cohesión interna a través del Plan de Convergencia exterior.
El catálogo de derechos sociales se potenciará, según explicaron, con la ampliación del derecho de los inmigrantes siempre en "el marco de la legislación estatal", ya que se trata de una competencia de la Administración central, a la asistencia sanitaria, y la inclusión del lenguaje de personas sordas.
En el apartado de "afinar" la titularidad de derechos sociales, Oscar Sánchez se refirió a precisar la igualdad en las listas electorales y corregir "enfoques restrictivos" sobre la atención sanitaria a personas que están de paso en la Comunidad.
De Santiago discrepó con el dictamen del Consultivo en el apartado que "pone nombre" a las funciones tributarias y se decantó por esperar a la reforma estatal antes de asumir en el texto de reforma la creación de la Agencia Tributaria. "Lo importante son las funciones, no el nombre", matizó.
Los grupos promotores de la reforma mantienen el calendario para que la proposición de ley se apruebe en el último pleno de noviembre por las Cortes, de manera que en abril o mayo la ratifique el Congreso.
"En cuanto salga de las Cortes, la reforma es imparable", recalcó el portavoz popular, que precisó que sólo se pararía este proceso si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidiera disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.
Si el procurador de UPL, Joaquín Otero, también portavoz del Grupo Mixto, presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo, como ha anunciado, ésta se debatiría en el pleno convocado para la segunda quincena de octubre.
La propuesta de reforma presentada por PP y PSCL reclama la competencia exclusiva de la Cuenca del Duero, recoge un catálogo amplio de derechos sociales, algunos a propuesta de los colectivos que comparecieron en las Cortes, como el reconocimiento del Diálogo Social, incluye el 23 de abril como la Fiesta de la Comunidad y contempla la creación de la policía autonómica, entre las novedades.