Entidades sociales reclaman la oficialidad del lenguaje de signos y "más implicación" de la Xunta para evitar que discapacitados emigren
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de la ONCE en Galicia, Eugenio Ferradás, solicitó hoy a la Comisión que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía que el nuevo texto "no modifique" el régimen competencial del Estado relativo a la modificación, autorización y regulación de los juegos.
Así, reclamó que el nuevo texto no cambie el estatus actual de la ONCE, especialmente en la regulación de juegos, porque es una "necesidad imprescindible" para la supervivencia de esta organización. "Si se hace esto, cada vez que planteemos una cuestión de juegos actuales o nuevos tendríamos que tener 18 interlocutores para la adecuación de normativas y esto sería de gran complejidad", indicó.
Además, recordó que entre 1998 y 2005 descendieron un 8% los beneficios de la ONCE por venta de cupones de juegos, a pesar de que el IPC subió un 25%. Por ello, destacó que las pérdidas reales de esta organización ascendieron en Galicia a un 33,7%. "A pesar de estas dificultades, el esfuerzo ha sido encomiable y hemos seguido cumpliendo nuestros programas sociales", arguyó.
Ferradás aclaró que la Organización Nacional de Ciegos Españoles es "respetuosa" con el Estatuto y "quiere" que Galicia tenga su "mejor" texto estatutario para "ayudar" al progreso de los ciudadanos. No obstante, solicitó a los grupos que "no modifiquen en ninguna de sus partes" el estatuto actual de esta organización. "Y eso es compatible con tener el mejor Estatuto de Galicia", subrayó.
Asimismo, reclamó que el nuevo Estatuto regule los derechos y deberes de los ciudadanos con el objetivo de preservar la "igualdad, la accesibilidad y la no discriminación". Una reivindicación en la que coincidieron todas las entidades sociales que comparecieron hoy y que solicitaron que se haga una "mención especial" a las personas con discapacidad.
OFICIALIDAD DEL LENGUAJE DE SIGNOS
Otra de las peticiones reiteradas, tanto por el presidente de Entidades de Representantes de Minusválidos de Galicia (CERMI), Domingo Dosil, como por el presidente de la Federación de Asociacións de Xordos do País Galego, Feliciano Sola, fue la necesidad de que el nuevo texto oficialice el lenguaje de signos, "al mismo nivel" que el uso del gallego y del castellano, porque supone un "impulso de la cultura propia".
Además, reclamaron la implicación de la Xunta y, principalmente, de la Consellería de Educación, en la ayuda a los colectivos de discapacitados. Sola criticó que la Administración gallega no subvenciona los intérpretes de los cuatro alumnos sordos que estudian en las universidades gallegas y precisó que más del 90% de este colectivo es "analfabeto funcional".
Por ello, y al igual que hizo Anxo Queiruga, vicepresidente de Confederación Galega de Minusválidos (Cogami), denunció que los discapacitados se ven "obligados" a emigrar a otras comunidades, especialmente a Andalucía, para obtener los recursos y cuidados que aquí no tienen. "Se habla mucho de emigración pero no de la nuestra", se quejó Queiruga, quien además reclamó que el nuevo Estatuto recoja la figura del Defensor de las personas con discapacidad.
Asimismo, apuntó, como también hizo Dosil, que se sustituya el término de discapacidad por el de "diversidad funcional". "Es la palabra más correcta porque la incapacidad no es del individuo sino del entorno que lo rodea", apuntó el presidente de CERMI.
Según las cifras aportadas por los comparecientes, actualmente en Galicia viven más de 215.000 personas que sufren algún tipo de discapacidad. De ellos, casi 77.000 padecen discapacidades auditivas, y 3.350 son ciegos afiliados a la ONCE.
INFANCIA
Por su parte, el presidente del Colectivo Galego do Menor, Ángel Martínez Puente, reclamó un incremento de los presupuestos destinados a la protección y prevención de los menores. Así, recordó que, actualmente, hay 1.042 menores internados en centros de protección y destacó que ninguno de ellos puede estar internado "más allá de los dos años".
Por ello, reclamó una red de centros día para la atención a los menores, la creación de un organismo que coordine a los departamentos de Benestar, Educación, Sanidade y Xustiza para realizar un seguimiento de la infancia, juzgados específicos de protección de menores y "más alternativas" al fracaso escolar.
Asimismo, criticó el actual sistema de adopción internacional. "Es muy bonito traer a un niño etíope porque mientras es pequeño es muy bonito, pero una vez que sea grande no dejará de ser tildado como un negro y tendrá rechazo social", agregó. Por ello, apostó por programas de educación y concienciación social.
