Estatuto C-LM.- Un catedrático de Derecho Constitucional de la Autónmoma cree que las demandas hídricas son "juiciosas"

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Solozábal, destacó hoy el carácter constitucional del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que consideró una norma "sensata y valiente", aunque advirtió de que el texto recoge de tres elementos "discutibles", como son las competencias residuales, que se imponga un monto a las inversiones estatales y la caducidad del trasvase, fijada para el 2015, petición que calificó de "juiciosa".

Durante su comparecencia en la Comisión Legislativa sobre el Estatuto en las Cortes, Solozábal señaló que la impresión de conjunto que tiene sobre el texto "es muy favorable, porque se encuadra perfectamente en la Constitución y lo deseable es que todas las aventuras estatutarias se hubieran acometido con el talante y con conocimiento técnico que denota el texto castellano-manchego".

En cuanto al tema del agua, Solozábal, quien reconoció no ser "un experto", se mostró de acuerdo con las aspiraciones en materia hídrica que recoge la norma. "Me parece muy correcto lo que han hecho que es maximizar un bien y que hayan aceptado que es una apuesta que puede provocar problemas, pero los problemas no deben asustar, si se sabe como solucionarlos".

"He creído ver una propuesta de parte juiciosa" agregó Solozábal, quien aseveró que la Ley de Aguas no concede demasiadas competencias a las cuencas, por lo que deseó "suerte" en la defensa de las pretensiones, advirtiendo de que se trata de una tema complejo.

Aún así, defendió que "no se puede aceptar que el sacrificio sea sólo de Castilla-La Mancha. Esto debe reconocerse y rectificarse, pero esto le toca a ustedes que tienen que buscar un equilibrio que les sea favorable, y por ello les deseo éxito".

Solozábal, que también fue catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), añadió que en el borrador de la norma "late una correcta idea de lo que debe ser un Estatuto, una norma muy importante en relación con la Comunidad Autónoma que organiza y reconoce sus derechos, y configura políticamente la comunidad, una norma cuasiconstitucional, constitucional".

A su juicio, tras considerar que está muy claro que el Estatuto es una norma muy relevante para el futuro de la comunidad sin perderla perspectiva de que complementa y asume todas las posibilidades de la Carta Magna de 1978, ese encuadre constitucional de la norma castellano-manchega denota el "carácter pactado" de la misma. "Ójala pudiésemos en todos los casos del desarrollo estatutario decir lo mismo, como en el caso del vasco o el catalán", apostilló.

"Otra cuestión que me gusta mucho", continuó el catedrático, es que la base del texto castellano-manchego no es una aspiración identitaria, pues presenta el autogobierno como identidad del pluralismo que maximiza las oportunidades de representación, destacando su "sobriedad".

NO IMPONER AL ESTADO.

Según el catedrático de Derecho Constitucional, los Estatutos de Autonomía no pueden asumir funciones constituyentes e imponer instituciones al Estado, como es el caso de propuesta que el lehendakari Juan José Ibarretxe elevó a las Cortes generales, "pero nada de esto hay en el de Castilla-La Mancha", apuntó.

Mostró también su conformidad con el hecho de que el borrador asegure la renta mínima a todas las familias y recoja la preocupación por la base presupuestaria, añadiendo que "adopta decisiones valientes al asumir políticas favorecedoras de los derechos, pero recomendó en en el caso de la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "se tiene que hacer una remisión, una cláusula".

En cuanto a la forma de Gobierno, y las relaciones entre la Junta y la Asamblea autonómica, Solozábal dijo que es "importante parlamentarizar la forma de gobierno", reforzando el liderazgo del presidente regional y que no se cierre el paso a la responsabilidad individual, algo que en su opinión implica un paso definitivo con la dualidad de otras comunidades autónomas.

Se refirió también a la manera en que la nueva norma estatutaria recoge la consulta electoral, en su opinión de forma correcta, y valoró asimismo el hecho de que aparezcan determinaciones en relación al sistema de fuentes, y "la posibilidad de crear Decretos Leyes y Decretos Legislativos", aunque instó a la Comisión redactora a mejorar la legislación extraordinaria.

CONSCIENTES DE LA CONTROVERSIA.

Una vez concluida la intervención del catedrático de Derecho Constitucional, el representante del Grupo Parlamentario Popular, Leandro Esteban, quien recordó que el respeto a la Constitución es el punto de partida y la meta de la reforma, admitió que "desde la sensatez jurídica sabemos que vamos a provocar controversia con las peticiones, pero las reglas del juego son una garantía para nosotros porque forman parte de los principios de la Carta Magna".

Respecto a las competencias, aseveró que el agua es un problema que está en la calle, y que ninguna región soporta la carga de un trasvase, como lo hace Castilla-La Mancha. "Por ello, después de oírle se refuerza la idea de que las competencias que reclama la comunidad son perfectamente compatibles con el Estado de las Autonomías", concluyó.

De otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, manifestó que opiniones como las de Solozábal "nos ayudarán a conseguir de la mejor forma las demandas de la región", aunque apostilló que siempre en el marco constitucional, "queremos alcanzar los mayores niveles de autogobierno compaginando más Castilla-La Mancha con más España".

Dicho esto, Molina aventuró que será el Tribunal Constitucional el que valore las peticiones castellano-manchegas, en cuanto a las inversiones estatales, aunque en su opinión no se pueden obviar los acuerdos alcanzados en las Cortes nacionales respecto a las inversiones para otras regiones, como es el caso de Cataluña o Andalucía.

Respecto al agua, Molina aseguró que es el momento de expresar la demanda, siempre respetando la legalidad vigente, reconociendo que las peticiones hídricas están provocando confrontación con otras regiones, "pero nos compete defender nuestros intereses, y lo hemos hecho de forma sensata y razonable, porque se no plantea cerrar grifos", sino adoptar otras alternativas que deshipotequen el trasvase.