TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Antonio Jiménez Blanco, expresó hoy sus "dudas formales" sobre si el Estatuto de Autonomía es el lugar idóneo para aclarar cuestiones como el fin del trasvase Tajo-Segura que afectan a cuencas extracomunitarias, sobre la propuesta de inversiones del Estado a la región, aunque, en ambos casos, aconsejó "dejar el texto como está".
Durante su comparecencia ante la Comisión para la Reforma del Estatuto de las Cortes, Jiménez Blanco, se refirió así a dos de los extremos más controvertidos del texto, y advirtió que será el Congreso "si tiene algo que decir" el que lo diga, y si finalmente la Proposición de Ley se retoca --"hipótesis que supongo que nadie descarta", dijo-- defendió "que nadie lo sienta como una desautorización o una bofetada", sino como algo normal.
En materia hídrica, donde hasta ahora la política ha sido la de capturar el agua "y luego soltarla poco a poco", manifestó sus dudas sobre si el Estatuto es el lugar adecuado para tratar algunos temas por encima de la Ley de Aguas, aunque "comprendo y comparto la decisión de poner un 'hasta aquí'", señaló. No obstante, y cuestionando "si va a sobrevivir o no al Congreso", instó a no preocuparse excesivamente por si esto es o no constitucional.
Respecto a las inversiones del Estado que el Estatuto de Autonomía prevé en la Comunidad Autónoma, también adelantó sus dudas de que los tres criterios que plantea Castilla-La Mancha --PIB, territorio y población-- sean aplicables con facilidad al mismo tiempo, matizando que para esta región sería más importante el factor territorio que el de población, aunque animó, como igualmente, a dejarlo tal y como figura en el texto.
SIN MALAS INTENCIONES.
Por otra parte, y tras recordar que constitucionalidad no tiene nada que ver con consenso y que detenerse en esos extremos no significa que no se haya hecho un "magnífico trabajo", resaltó algunas de las cosas, a su juicio, más positivas, como el preámbulo que "gusta no por lo que dice sino por lo que no dice", y "no ajusta cuentas con nadie, no viene con las malas intenciones", y "no tiene el componente agresivo" de otros Estatutos.
También aplaudió el catedrático el listado de derechos y libertades, el hecho de que se recuerde que en materia de estado social la efectividad de los derechos depende más de la consignación presupuestaria que de ninguna otra cosa, el empleo de las palabras "normalización" y "austeridad" y el título referido al gobierno local, aunque abogó por buscar otra denominación al término "planificación económica".
Jiménez Blanco destacó la relevancia del artículo 93 del Estatuto al recoger la cláusula general de competencias de la Comunidad Autónoma, y aseveró que en el ámbito territorial de competencias, sin seguir el modelo catalán del "blindaje" --para que el Estado no pueda intervenir en algunas materias-- "podría serse más generoso", y por ello animó a perder el miedo a la extraterritorialidad.
PRUDENCIA.
Por su parte, el parlamentario del PP, Leandro Esteban, insistió en que el Estatuto de Autonomía no busca meterse con nadie pero tampoco admitir injerencias, y se mostró de acuerdo en que habrá que hacer "algún reajuste". En materia de agua reseñó la obligación "de defender nuestras necesidades" y, sobre financiación, aseveró que el texto es "prudente".
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, precisó que el Estatuto tiene un caracter normativo y simbólico y que es "imprescindible que se hable de agua en los términos en los que se está haciendo", mientras que en el ámbito de las inversiones recordó que hay que intervenir para defender los intereses regionales.