La "organización criminal", desarticulada en 2013 en Mallorca, se dedicaba a la prostitución, la extorsión y la trata de personas
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco estudiará hoy, lunes, si prorroga la prisión de dos líderes de la organización criminal motera 'Ángeles del Infierno', desarticulada en 2013 en Palma de Mallorca y dedicada, entre otras actividades, a la extorsión, la prostitución coactiva y la trata de personas, informaron fuentes jurídicas.
Tras celebrar una vista en la que participarán la Fiscalía y las defensas de los procesados, el juez decidirá si renueva la situación de prisión provisional incondicional que dictó hace dos años para Frank Hannebuth, líder del grupo en Hannover y uno de los máximos responsables de la organización en Europa, y de su lugarteniente, Khalil Yousafi.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 propuso juzgar en febrero pasado a 55 miembros y colaboradores de esta banda al dictar un auto en el que transformaba las diligencias de investigación en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento.
La resolución judicial situaba a la cabeza de la organización a Hannebuth, de nacionalidad alemana, a Khalil Yousafi y a su hermano Abdelghani. Estos dos últimos ayudaron al líder a desembarcar en Mallorca junto a otro "grupo de adláteres", según Velasco.
Las conductas descritas en el auto son constitutivas, de forma indiciaria, de los delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, coacciones, amenazas, blanqueo de capitales, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal, encubrimiento, tenencia ilícita de armas, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, delito contra la salud pública y simulación de delito.
"BANDA MOTERA FUERA DE LA LEY"
Velasco describía en su auto los orígenes y el desarrollo de la organización 'Hells Angels Motors Club' (HAMC) que, según varios informes de Europol, "se sitúa entre las principales bandas moteras fuera de la ley que operan en el continente".
La investigación permitió descubrir la implantación de uno de estos grupos (llamados "chapters") en la isla de Mallorca, en una primera fase desde 2009 hasta que se disolvió en 2011 y conformada principalmente por miembros de la banda llegados de Turquía.
En una segunda fase, desde finales de 2012 hasta que fue desarticulada en 2013, la banda operaba principalmente con miembros procedentes de Alemania. Una de las principales actividades delictivas y fuente de financiación de la trama era la prostitución. Según el juez Velasco, los miembros de la banda traían a España a chicas con apariencia de turistas y las obligaban a ejercer de forma coactiva.
PEDÍAN CRÉDITOS ICO
No obstante, los 'Ángeles del Infierno' y sus colaboradores buscaron todo tipo de actividades que pudieran ofrecerles un beneficio económico. De ahí que participaran en operaciones de blanqueo de capitales, de extorsión o estafas mediante la creación de empresas con apariencia legal con las que obtener créditos ICO.
También se concertaron con un grupo organizado de individuos que se dedicaban a la introducción de cocaína en Mallorca mediante la utilización de mujeres de origen sudamericano que utilizaban a modo de "correo". Según el juez, la organización contaba con una elaborada gestión, con un reparto de tareas y múltiples colaboradores, entre los que se encontraban un miembro de la Policía Local de Palma, un agente de la Policía Nacional y un guardia civil.
El magistrado considera que la investigación ha permitido demostrar una "concertación delictiva entre los diferentes miembros de la organización criminal en la preparación y ejecución de los delitos a los que, con permanencia temporal y cierto reparto de papeles, se dedican".
Por su "permanencia temporal" en la banda, los imputados acabaron conociendo la actividades delictivas desarrolladas por la organización, "adaptándose a su plan" y facilitando a los cabecillas, a cambio de dinero, la infraestructura necesaria en la isla de Mallorca para desplazarse desde otras partes de Europa, asentarse y blanquear sus ilícitas ganancias en España. Además, la red de colaboradores les ayudaba a "hacer rentable y exitoso delinquir".
En diciembre de 2014 la Audiencia Nacional subastó siete motocicletas pertenecientes a los presuntos cabecillas de la organización, entre las que se encontraban cinco Harley Davidson --entre ellas una FLHCR Road King tasada en 16.930 euros--, una Yamaha Royal Star y una MV Augusta. Según fuentes jurídicas, las pujas alcanzaron un valor de 28.600 euros.
