Un estudiante de la UGR niega haber falsificado sus notas obtenidas en Francia como Erasmus

GRANADA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudiante de la Universidad de Granada (UGR), J.M.L.N., negó hoy en el juzgado de lo Penal número 5 de la capital granadina haber falsificado su certificado académico con las notas obtenidas en la Universidad francesa de Toulouse, en el programa Sócrates-Erasmus, tal y como se descubrió posteriormente en el Vicedecanato de Relaciones Institucionales.

El alumno, que realizó el curso 2002/2003 en la mencionada universidad francesa, está acusado de un delito de falsedad en documento oficial y otro en certificación oficial, después de que se comprobara que el expediente académico había sido manipulado con unas calificaciones que no coincidían con las de la universidad de Toulouse.

Según su declaración, él, que no falsificó el expediente, pudo comprobar visualmente en la pantalla del ordenador del Vicedecanato las calificaciones --aptas-- de las asignaturas cursadas en Francia, pese a que la responsable de dicha área niega haber hablado con el joven después de que llegara de Francia, así como haberle mostrado el expediente, puesto que no se llegó a tramitar su convalidación.

El estudiante aseguró hoy ante el juez que todo se debe a la "manía personal" que le tiene la responsable administrativa con quien había discutido en innumerables ocasiones. Por el contrario, la joven negó en todo momento la existencia de tales rencillas, que fueron avaladas por algunos testigos aportados por la defensa del joven.

Los hechos ocurrieron cuando un compañero del acusado alertó a un becario del Vicedecanato de que éste había falsificado su expediente, tras lo que se dio aviso al vicedecano que procedió a comprobar dicha calificación con la universidad francesa, que corroboró la falsedad del documento.

Tanto el expediente adjunto en papel, como el que fue manipulado reflejaban que había aprobado las asignaturas cursadas en Francia, tras lo que se abrió un expediente disciplinario.

Por estos hechos, el fiscal solicita la pena de un año y medio de prisión, mientras que la defensa pide la libre absolución y la acusación particular la pena de 22 años de cárcel.