MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretó hoy el ingreso en prisión incondicional del detenido ayer por la Guardia Civil en Vitoria, Zigor Bravo Sáenz, por su presunta participación en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado en octubre de 2000, en la capital vasca, al aparecer nuevas pruebas en Francia que le relacionan directamente con el crimen.
Fuentes jurídicas indicaron que dichas pruebas consisten en la declaración prestada ante las autoridades francesas por el que entonces era jefe de los comandos de información de ETA, Juan Carlos Subijana, quien identificó a Bravo como la persona que facilitó las llaves del garaje donde fue asesinado Casado, así como la información necesaria para cometer el crimen, porque era su vecino.
Máximo Casado, destinado en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, fue asesinado por ETA el 22 de octubre de 2000 al hacer explosión una bomba-lapa instalada en los bajos de su vehículo, que estaba estacionado en el garaje de su casa, en Vitoria.
En Francia también se intervino una nota, que debe ser cotejada pericialmente, con las palabras "carcelero", "plano", "llaves" y "garaje", que vinculan a Bravo con el atentado. Tanto la declaración de Subijana como este documento fueron trasladados a la Audiencia Nacional por comisión rogatoria desde Francia.
Con estas pruebas, entre otras, la fiscal de la Audiencia Naciones Blanca Rodríguez pidió a la juez que decretara el ingreso en prisión incondicional de Zigor Bravo, quien hasta hoy no había sido interrogado en relación con este asesinato, a pesar de que se le relacionó desde un principio, pero no había indicios suficientes para actuar contra él. La defensa solicitó que fuera puesto en libertad.
Zigor Bravo se negó a declarar ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 y ni siquiera quiso desmentir las nuevas acusaciones. La juez Palacios y la fiscal Rodríguez tienen previsto desplazarse a Francia en los próximos meses para interrogar a Subijana, quien también podría ser juzgado, junto con Bravo, por el asesinato de Casado.
Bravo estuvo en prisión por pertenencia a la organización terrorista ETA durante dos años en una causa investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 1. Tras su procesamiento en este sumario, en 2003, quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros. Desde entonces trabajaba y vivía en el mismo domicilio hasta que han aparecido nuevas pruebas contra él que han llevado a su detención.
