ETA.- La AVT prepara un informe con otros casos de etarras que viven o tienen negocios cerca de sus víctimas

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) está preparando un informe donde denunciará otros casos similares a los de la viuda de Ramón Baglietto, asesinado en 1980 por el etarra Cándido Azpiazu, que hoy, en libertad tras cumplir su condena, posee un negocio en el bajo del edificio donde vive la viuda de Baglietto, informó hoy a Europa Press un portavoz de la asociación.

El objetivo de este informe, que preparan los equipos jurídicos de la asociación y que, según precisó el portavoz, podría publicarse "en enero", es que se impongan medidas de alejamiento a los etarras que, una vez salidos de la cárcel, vivan o abran algún negocio cerca de sus víctimas, así como que los terroristas paguen las indemnizaciones a las víctimas si no lo han hecho.

La misma fuente explicó que la AVT todavía no puede dar un número sobre las víctimas de ETA que se encuentran en una situación similar a la de la viuda de Baglietto, la concejal del PP de Azkoitia (Guipúzcoa) Pilar Elías, porque, entre otras cosas, "la gente tiene mucho miedo" de denunciar algo así, y más aún sabiendo que tienen tan cerca de ellos a los etarras.

Después de que se hiciera público el caso de Pilar Elías, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió a principios del mes pasado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que decretase el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes inmuebles que puedan estar a nombre de Cándido Azpiazu, para que haga frente a la responsabilidad civil por valor de 12,6 millones de pesetas que se le impuso en su sentencia y que nunca pagó al ser declarado insolvente.

A principios del mes pasado al Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, reclamó a la Fiscalía y el Ministerio de Justicia medidas para evitar que los terroristas residan o desarrollen actividades en el mismo lugar que las víctimas de sus acciones.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio poco después instrucciones al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para que pidiera la pena de alejamiento de los terroristas respecto a sus víctimas, y revisara periódicamente el estado de solvencia económica de estos delincuentes, para comprobar si pueden hacer efectivas las indemnizaciones a que hayan sido condenados. La práctica totalidad de los etarras no pagan esas cantidades al ser declarados insolventes.

En una entrevista reciente con Europa Press, Peces-Barba reconoció la dificultad de conseguir cobrar a los terroristas las indemnizaciones, ya que suelen poner sus bienes a nombres de familiares y es difícil reconocerles una nómina.