Pide en una carta que se amoneste al relator contra la Tortura por calificar en un informe de esta forma a "terroristas"
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La plataforma cívica Basta Ya ha reunido hasta el momento más de 20.000 firmas para solicitar a través de una misiva que harán llegar a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que abandone la expresión "presos políticos vascos" para referirse a los presos de ETA.
Según explica en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en un Informe a la Comisión de Derechos Humanos sobre 'Derechos Civiles y Políticos, incluidas las cuestiones de la detención y la tortura', fechado el 21 de marzo de 2006, el relator especial contra la Tortura, Manfred Nowak, califica a los presos de la organización terorrista como "presos políticos vascos".
Por ello, la plataforma, en la misiva que remitirán próximamente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, considera "inaceptable" que todavía existan en Naciones Unidas personas que, como el relator Nowak, "desconozca la situación real del Estado que visita y se permita calificar como presos políticos a personas que no son sino terroristas".
A juicio de Basta Ya, actuaciones como ésta "desacreditan" al citado organismo internacional, al que reclama que adopte las medidas oportunas, "amonestando" al mencionado relator "por la negligencia en la que ha incurrido", de forma que este tipo de situaciones "lamentables no vuelvan a producirse".
Y, con la intención de que se conozca la situación "real" de España y la condición de terroristas de los presos de ETA, "máxime existiendo informes al respecto de otras organizaciones internacionales", la plataforma hace llegar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humano el informe del 9 de marzo de 2001 del Consejo de Europa, resultado de la visita que el comisario para los Derechos Humanos realizó a España y, en particular, al País Vasco entre el 5 y el 8 de febrero de 2001.
INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA
En dicho informe, el comisario destaca que, sin duda, la acción de la organización terrorista ETA no sólo atenta directamente contra el más esencial derecho del hombre, el derecho a la vida, sino también a la libertad y a la seguridad de las personas, y a la libertad de pensamiento, de reunión y asociación.
Asimismo, señala que los atentados perpetrados contra políticos no nacionalistas, así como contra periodistas, han creado una situación "de enorme dificultad" para la acción política y de partido para los no nacionalistas, o para el ejercicio del derecho a la información, "hasta el punto que la actividad periodística de los amenazados o la función de representación de estos consejeros municipales y parlamentarios debe desempeñarse con una protección policial personal".
El comisiario subraya que, para hacerse una idea de "la amplitud" de la acción terrorista de ETA, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, "desde 1968 hasta finales de 2000, esta organización ha cometido 782 asesinatos, de los cuales 709 después de la aprobación de la Constitución en 1978 --la asociación víctimas del terrorismo Coviteha elevado esta cifra a 719 hasta 1998 en un contexto de 2.789 atentados que han producido 1.867 heridos--, es decir, una vez restablecido el régimen democrático, constituido el Estado de las Autonomías y desde luego después de la amnistía de todos los delitos de origen político que se decretó a la llegada de la nueva etapa democrática a España".
Añade que desde principios de 2000, según los datos de la Consejería de Interior del Gobierno vasco concerniente al periodo que va desde el 21/1/00 al 26/1/01, la actuación de ETA, con 25 asesinatos, "se ha vuelto más selectiva", concentrando sus acciones contra representantes elegidos por el pueblo (consejeros municipales y diputados de partidos políticos, en particular del PP y el PSOE), sobre periodistas, profesores de universidad, editorialistas, empresarios que se niegan a pagar el dinero que se les solicita bajo amenaza de muerte y naturalmente también contra los militares, las Fuerzas de Seguridad del Estado, y a menudo contra la propia Policía vasca".
