ETA.- Conde-Pumpido pide al TS "jurisprudencia clara" tras pedir el fiscal y la AVT declarar a Jarrai "terrorista"

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pidió hoy al Tribunal Supremo (TS) que haga un pronunciamiento para que "tengamos una jurisprudencia clara" tras la petición de la fiscal del TS Pilar Fernández y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) al alto tribunal para que declare "terrorista" a la organización juvenil Jarrai y a sus sucesoras, Haika y Segi, porque complementan a ETA.

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde clausuró una reunión de trabajo de fiscales jefe sobre la reforma del Estuto Fiscal, Conde-Pumpido explicó que la Fiscalía "ha mantenido al respecto la postura que sostuvo en el acto del juicio oral", con lo que pretende que sea el TS el que "diga cuál es la jurisprudencia adecuada para el tratamiento de este caso y los que vengan en los sucesivo".

La fiscal y la AVT solicitaron ayer que se considere "terrorista" a Jarrai porque despliegan "una actividad complementaria a la de ETA, mediante utilización de artefactos explosivos, incendiarios", provocando "daños, coacciones y amenazas", y estos "actos potencian la actividad de ETA".

El fiscal general del Estado recordó que la "línea mantenida" estos años por el ministerio público había sido la de "encuadrar las organizaciones tuteladas por ETA en el marco del terrorismo", si bien la Audiencia Nacional entendió que "no se podía llegar a una extensión tal del concepto terrorismo y nosotros lo aceptamos, pero pedimos por ello que se pronuncie".

La sentencia, que condenó a 24 miembros de Jarrai, Haika y Segi a penas de entre dos años y medio y tres años de prisión, considera acreditado que la organización se creó en 1978, bajo la dirección de KAS, considerada el aparato político de ETA, y "desde entonces desarrolló violencia callejera como complemento a la actividad política" de la banda armada.

Tanto la fiscal como la AVT piden la revocación de la sentencia de la Audiencia Nacional y solicitan diez años de cárcel para todos los condenados por un delito de integración en organización terrorista. En el caso de estimarse los recursos, los 24 jóvenes condenados tendrían que ingresar en prisión.