ETA.-Las defensas de los 17 presuntos miembros de SEGI piden que se levante la acusación como a otros 8 acusados

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los abogados defensores de los 17 presuntos miembros de SEGI juzgados por la Audiencia Nacional por integrarse en la organización terrorista ETA y cometer acciones de 'kale borroka' en San Sebastián desde 2005 han pedido este miércoles que se levante la acusación, como ocurrió con otros ocho imputados en esta causa durante la instrucción judicial.

En el juicio, que quedó este miércoles visto para sentencia, el fiscal Luis Barroso pide a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que condene a ocho años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista a Ekaitz de Ibero, Peio Maria Lamara, Mikel Arretxe, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Ion Imanol Igal, Asier Mariezcurrena, Imanol Ander Vicente, Nahikari Otaegi, Urko Picaza, Breogan Fernández, Benat Apalategi, Igor Álvarez y Ekaiz Ezquerra.

Durante su informe de conclusiones definitivas, el abogado defensor Íñigo Iruin ha opinado que no existe prueba de cargo que acredite "la militancia en SEGI" de los acusados, pues, a su juicio, el propio fiscal "renunció a valorar la prueba". Ha añadido que el representante del Ministerio Público "sabe que en algunos casos está más corroborado que en otros" y ha recordado que ya contra ocho personas se levantó la acusación durante la fase de instrucción y, durante la vista oral, "se ha adelgazado aún más" la causa.

NO ES SUFICIENTE

En este sentido, se ha preguntado si "es suficiente encontrar efectos en una vivienda" para asegurar que alguien pertenece a SEGI, a lo que ha respondido que "no porque no presentan carácter concluyente, sino débil e indeterminado". Ha agregado que "el propio Ministerio Fiscal habla en su escrito de una presunta implicación" en actos de 'kale borroka' porque "no está probado".

Iruin, además, ha explicado que en 2005, SEGI aún no era considerada organización terrorista al servicio de ETA por la Justicia, por lo que, a su juicio, en este caso "no se puede afirmar" que una persona que por entonces perteneciese a la organización juvenil supiese que "estaba contribuyendo a los fines de ETA, de otra forma pero a las órdenes de los mismos".

En este caso, "no podría considerarse integración en organización terrorista, pues es necesario ser consciente de ello para ser así condenado", según el razonamiento de Iruin. "Eso hará que la Sala tenga que estudiar caso a caso si los sujetos conocían, aceptaban y participaban activamente en una organización terrorista", ha recalcado.

MENTIRAS DE LA POLICÍA

Por su parte, el abogado José María Elosúa, ha asegurado durante su informe, tuteando al tribunal, que "muchos de los elementos aludidos por el fiscal, no pueden considerarse pruebas". A su juicio, "el problema no es de valoración, simplemente no son pruebas". Además, ha pedido a la Sala que aplique a los procesados el mismo criterio que se utilizó para exculpar a las ocho personas contra las que se retiró la imputación.

El único de los acusados que ha hablado durante el turno de última palabra ha sido Ekaitz de Ibero, que ha acusado a los agentes que declararon durante el juicio de mentir y, a uno de ellos, de ser su "maltratador" en las supuestas torturas que sufrió. También durante la última sesión del juicio, todos los acusados han acudido vestidos con camisetas iguales, de color rojo y con la palabra 'independentzia' escrita en la parte delantera.

El fiscal Luis Barroso defendió este martes en su informe de conclusiones que los acusados han realizado "acciones concretas de 'kale borroka' al servicio de SEGI" y que, aunque durante el juicio han usado su derecho a no declarar, "perfectamente podrían haber contestado para ejercitar su derecho a aclarar". "Ha quedado probado que son integrantes activos en la organización y llevaban bien acciones de publicidad, bien de 'kale borroka'", subrayó el representante del Ministerio Público.

'GORA ETA'

Durante la prueba pericial practicada, el tribunal analizó imágenes, documentación y vídeos en los que aparecen algunos de los acusados en fiestas populares y conciertos gritando, entre otras frases, "gora ETA". Además, antes de que llegase el momento del informe de la Fiscalía, los acusados abandonaron la sala.

Los diez testigos aportados por las defensas aseguraron durante las sesiones que los acusados no pertenecían ni estaban relacionados "en absoluto" con la organización ilegalizada SEGI. Familiares y amigos indicaron que algunos de los objetos incautados como camisetas, DVDs con el anagrama de ETA o cuadernos que, según la Fiscalía, almacenaban cuentas de SEGI, eran de su propiedad y no de los procesados. También la compañera de piso de uno de los acusados manifestó que unas cartas del etarra Iñaki de Juana Chaos son suyas.

Asimismo, algunos testigos explicaron que, tanto un cuaderno que contiene contabilidad en la venta de objetos, entradas a conciertos o a comidas populares, así como enseres incautados a los acusados tales como camisetas, Cds o papeletas para sorteos no pertenecían a SEGI sino a una asociación llamada 'Piratas'.

UNA NOCHE DE BORRACHERA

En este sentido añadieron que 'Piratas' es una asociación que surgió "una noche de borrachera" entre un grupo de personas descontentas con las fiestas de la 'Semana Grande' de San Sebastián. Tras ello, organizan actividades que forman parte del programa de fiestas en la ciudad y mantienen una "buena relación" con el Ayuntamiento.

Durante la primera sesión del juicio, la Sala decretó una orden de búsqueda y captura contra Urko Labaca Larrea al no haberse presentado al juicio. Además, la mayoría de los acusados se negaron a declarar alegando que no iban a formar parte "de un juicio político".

Únicamente tres de los acusados --Ekaitz De Ibero, Unai Pérez y Egoi Alberdi-- respondieron a las preguntas de sus letrados para desdecirse de haber admitido en sede policial o judicial su implicación en actos de violencia callejera y aseguraron haber declarado por presiones de los agentes, apuntando De Ibero que a él pasaron de darle "collejas a collejazos". El resto se habían negado a declarar ante la Policía y lo hicieron únicamente al llegar a la Audiencia, remitiéndose entonces a esa declaración.

Los 18 jóvenes, la mayoría con edades comprendidas entre los 29 y los 22 años, fueron detenidos entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2007, en una operación que pretendía esclarecer los ataques de 'kale borroka' que se venían registrando en San Sebastián desde el año 2005.

Según el escrito de conclusiones definitivas del representante del Ministerio Público, los precesados eran "miembros activos de la organización SEGI", declarada terrorista por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007.

En concreto, Barroso acusa a los 18 jóvenes de integrar diversos grupos de taldes que participaban en las actividades de la denominada 'kale borroka' o lucha callejera y que desarrollaban su actividad principalmente en San Sebastián. Los hechos en los que habrían participado los procesados son objeto de causas independientes que serán juzgados de manera separada.