MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un estudio para la Fundación Alternativas del investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas Reyes Mate subraya que "la justicia a las víctimas pasadas es la condición necesaria para una política futura sin violencia". Así, en el documento --que lleva por lema 'Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco' y que fue presentado hoy-- se indica que no se puede desterrar la violencia de la política más que enfrentándose "responsablemente" a la violencia que ha tenido lugar.
"Para que no haya más muertos no basta, en efecto, un 'alto el fuego permanente' por parte de quienes han matado, porque si basta dejar de matar para que se olviden las muertes causadas ¿Qué impide que el crimen se repita si basta dejar de matar para que todo se olvide? Para desterrar de la política en el futuro toda violencia hay que asumir toda la responsabilidad respecto a la violencia pasada", argumenta.
Este investigador cree que no se puede "desligar el proceso político de la justicia a las víctimas". "Esa relación lleva consigo una doble exigencia, porque afecta a ETA y a la democracia", sostiene Mate.
A su juicio, "no puede separarse el tratamiento de las injusticias a las víctimas de la redacción de un nuevo estatuto de autonomía" porque "la realidad objetiva del País Vasco está marcada por la existencia de las víctimas".
"La injusticia de las víctimas no es un asunto privado, sino político; no afecta sólo a los buenos sentimientos, sino a la constitución política de la realidad", agrega. Por ello, enfatiza que la preocupación por el reconocimiento "no debería estar ausente del nuevo estatatuto".
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y "LUGARES DE MEMORIA".
El investigador concluye su estudio con una serie de propuestas para la reconciliación. Mate cree que habría que pensar en la creación de una Comisión que arrojara "luz" sobre "la vida interna de ETA, el trato a los militantes, a los desertores, a los presos, sus presiones y relaciones con las fuerzas políticas, el funcionamiento de la 'kale borroka' y el sistema de captación de jóvenes, las extorsiones a empresarios o famosos", así como la "razón de silencios, inhibiciones o complicidades de partidos o instituciones públicas" respecto a actuaciones de ETA.
Para Mate, los miembros de esta Comisión "deberían ser de reconocido prestigio y deberían tener la confianza del conjunto de la sociedad vasca". Podrían ser elegidos por el parlamento vasco y "su periodo de investigación podría circunscribirse al periodo que va desde la amnistía de 1977 hasta hoy".
Otra de las propuestas se refiere a desarrollar una política "de lugares de la memoria" empezando "por el lugar físico donde tuvo lugar el atentado" en los que no falte "un símbolo que recuerde lo ocurrido". Apuesta igualmente por que los ayuntamientos realicen "gestos públicos" de "reconocimiento social" a las víctimas. "Habría que borrar las pintadas lesivas y revisar decisiones sobre nombres de calles o plazas ofensivo", añade.
El investigador también llama a organizar una exposición permanente de lo que significa "una sociedad bajo el chantaje del terror", esbozando la posibilidad de un "museo"
También aboga por promover en el ámbito estatal y autonómico estudios sobre la relación entre visibilidad de las víctimas y doctrina de los derechos humanos y si afecta y cómo a la identidad de un colectivo "la experiencia de una violencia terrorista tan incrustada en al sociedad como la que ha tenido lugar en el País Vasco". Además, espera que la Ley de Víctimas del Terrorismo y la de Solidaridad den respuesta adecuada al daño de las víctimas.
El investigador recalca por último que "no todo el que sufre es víctima", porque esta última "es inocente". "El terrorista que muere al estallar una bomba que prepara contra alguien no es víctima", enfatiza. A pesar de ello, reconoce el "sufrimiento" de los "presos y familiares". "Tratar de reducirlo al mínimo, utilizando los mecanismos legales y la generosidad del sistema es obligado, sobre todo cuando la organización abandona las armas", indica.
Por último, como sugerencia incluye la realización de una evaluación de los "informes internacionales de torturas en España" para conocer con "precisión" lo que haya de verdad en ellos, así como "medidas" que permitan la reinserción de los presos "que reduzcan su sufrimiento y el de los familiares".
