ETA.- El fiscal pide 26 años y 4 meses de cárcel para un presunto etarra por el asesinato de un taxista hace 29 años

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso pidió hoy a la Sección Primera de lo Penal una condena de 26 años y 4 meses de prisión para el presunto etarra Antonio María Celaya Otaño por el asesinato el 2 de septiembre de 1978 del taxista Amancio Barreiro en la localidad guipuzcoana de Pasajes de San Pedro.

El representante del Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en el que acusa a Celaya de los delitos de asesinato y utilización ilegítima de motor, así como una falta de hurto.

No obstante, planteó al tribunal una calificación alternativa de 6 años de prisión por un delito de encubrimiento. Tanto el abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Segura, como la defensa de Celaya se adhirieron a la alternativa de pena solicitada por Alonso.

Asimismo, el fiscal elevó su petición de indemnización de 240.000 euros a 300.000 euros, mientras que la AVT la aumentó de 500.000 euros a 620.000 euros. "El paso del tiempo no cura el dolor, sino lo acentúa más. Por tanto, ello requiere un resarcimiento para la familia por parte del Estado y un apoyo económico para hacer frente a las secuelas sufridas por el asesinato", reseñó el fiscal en su informe.

NO PARTICIPÓ EN EL ASESINATO.

A preguntas del fiscal, Celaya reconoció nada más comenzar el interrogatorio que durante dos meses colaboró con el "comando Iparraguirre" de ETA, integrado también por José Ángel Cincunegi y Jesús María Larzabal, aunque insistió en todo momento en que él no participó en el asesinato del taxista.

Según explicó, ese día trasladó junto a Cincunegi a Larzabal hasta la localidad de Pasajes. Una vez allí, éste último les pidió que le recogieran en un punto concreto de la carretera de Guipúzcoa pasadas unas horas. Al tiempo, Larzabal regreso en un taxi y les comentó que había matado a su conductor.

El acusado relató a la Sala que tras el asesinato decidió irse a vivir a Hendaya (Francia) y abandonar la lucha armada. "Nunca he matado a nadie, nunca voy a matar a nadie y nunca he aceptado utilizar una muerte para reivindicaciones políticas y sociales", aseveró el procesado, quien apuntó que Larzabal le obligó entonces a escribir la reivindicación del asesinato.

En la sesión comparecieron Cincunegi y Larzabal, que ya cumplieron la condena que se les impuso por estos hechos, quienes en sus declaraciones policiales tras ser detenidos inculparon a Celaya en el asesinato de Barreiro. Sin embargo, los etarras se retractaron hoy de dichas manifestaciones, exculpando a Celaya de una posible autoría material en el asesinato.

Mientras que Cincunegi aseguró que entonces incriminó a Celaya inducido por la Policía, Larzabal sostuvo que él realizó sólo el asesinato del taxista. Ambos ratificaron la versión ofrecida por Celaya momentos antes.

PRIMERA DETENCIÓN.

A pesar de haber transcurrido 29 años desde el asesinato, los delitos por los que se le acusa no han prescrito porque un año después del asesinato, la Policía detuvo a Cincunegi, quien ante el juez inculpó a Celaya de los hechos. Así, en enero de 1980 se dictó auto de procesamiento y prisión contra Celaya y un mes después se le declaró en rebeldía.

La Policía francesa arrestó a Celaya en octubre de 1986 en Bayona y el Juzgado Central de Instrucción número 1 pidió entonces al Gobierno que solicitase su extradición a Francia.

La Cámara de Acusación del Tribunal de Casación de París le dejó en libertad en marzo de 1987, ya que la documentación de extradición llegó después de que hubiera transcurrido el plazo de prisión provisional de Celaya.

Dos meses más tarde, Celaya estaba en paradero desconocido. La Fiscalía cursó en octubre de 1995 una Orden Internacional de Detención contra el acusado tras localizarle en México. Así, el Gobierno solicitó en abril de 1996 su extradición y las autoridades mexicanas la denegaron.

La Fiscalía acordó en octubre de 2002 reabrir el procedimiento contra Celaya, al localizarle de nuevo en Francia. El Ministerio Público pidió su detención y, tras ello, su extradición. Finalmente, las autoridades francesas extraditaron al procesado en mayo de 2005.