Un taxista al que los etarras secuestraron y cuyo coche explotaron declara que "le trataron muy bien"
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo solicitó hoy 30 años y 8 meses de prisión para el ex dirigente etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi", por dos juicios por sendos atentados frustrados cometidos en Vizcaya, uno contra un cuartel de la Guardia Civil en Durango en diciembre de 1990 (en el que pidió 24 años y 8 meses de cárcel), y otro contra una taberna de Santurce en noviembre de 1991, "frecuentada por consumidores de sustancias psicotrópicas" según el fiscal (en el que reclamó una condena de 6 años de prisión).
Por su parte, la defensa de "Gadafi" solicitó a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que le absolviese en ambas causas, aunque "por expreso deseo" de su cliente, no justificó su petición. Como ya hizo el pasado jueves en otro juicio por un atentado en el que murieron dos personas y como es común en los presos etarras, el acusado se negó a responder a las preguntas del fiscal: "No tengo nada que decirle a usted", le espetó.
En el juicio relativo al atentado frustrado contra el cuartel de la Guardia Civil, testificó por videoconferencia un taxista que fue secuestrado por Gadafi y por el etarra fallecido Juan Manuel Ormazábal, a quien ataron a una ermita durante más de dos horas aunque finalmente consiguió liberarse por sus propios medios, y cuyo taxi fue utilizado por los terroristas para explosionar la carga de 50 kilos de explosivos contra el edificio del Instituto Armado.
En su declaración, el taxista aseguró que los etarras le "trataron muy bien", que le "tranquilizaron" porque estaba "muy nervioso", diciéndole que "no le pasaría nada". Según él mismo relató, le obligaron a bajar del coche, que posteriormente cargaron con explosivos, aunque antes le dejaron coger 10.000 pesetas que tenía en la guantera.
A continuación, estuvieron los tres "charlando un rato", después de lo cual le ataron a un poste de una ermita, donde permaneció hasta que, más de dos horas después, consiguió romper el candado con una piedra y avisó a la Ertzaintza.
También acudieron como testigos al juicio los dos integrantes del "comando Vizcaya" Jesús María Mendinueta Flores y Javier Martínez Izagirre, ambos condenados por estos hechos, quienes reconocieron su participación en este atentado, aunque aseguraron que no recordaban "exactamente" si "Gadafi" había participado en él. Sin embargo, ambos habían confesado la intervención del ex dirigente etarra en sus declaraciones ante la Policía, después de ser detenidos, y le habían identificado en una fotografía.
Además, ambos reconocieron que "Gadafi" también era integrante del "comando Vizcaya", y en concreto Martínez Izagirre se refirió a él como un "amigo". Cuando el testigo estaba abandonando la sala escoltado por la Policía y pasaba junto al ex dirigente, éste le sonrió e hizo un ademán de saludarle.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, en diciembre de 1990 "Gadafi" ocultó junto con otros integrantes del "Comando Vizcaya" en la Ermita de Santa Cruz de Euba (Vizcaya) los materiales para confeccionar un coche bomba con el que pretendían atentar contra un cuartel de la Guardia Civil. Después, se dirigieron a Amorebieta, donde el hoy acusado, junto con Juan Manuel Ormazábal, tomó un taxi y obligó a su conductor a que les trasladara a la localidad vizcaína de Durango.
Antes de llegar al barrio de Euba, los terroristas se identificaron como miembros de ETA y ordenaron al taxista desviarse hacia la Ermita de Santa Cruz. En el lugar, ataron al conductor a los barrotes de la Ermita y abandonaron el lugar con el taxi, que iba a ser utilizado en un atentado contra un cuartel de la Guardia Civil en Durango.
El taxista logró desatarse y llamó a la Ertzaintza. La Guardia Civil de Durango recibió una llamada anónima anunciando la colocación del artefacto explosivo y el lugar donde dejaron maniatado al taxista. El vehículo fue localizado en las proximidades del cuartel y fue inspeccionado por un equipo especializado del Instituto Armado, que efectuó una explosión controlada del coche.
BOMBA CONTRA UN BAR DE NARCOTRAFICANTES
Una vez concluida esta vista, el mismo tribunal volvió a juzgarle por la colocación de unos explosivos juntos a una taberna de Santurce en noviembre de 1991 "frecuentada por consumidores de sustancias psicotrópicas" y narcotraficantes según el fiscal, por el que pidió una condena de 6 años de prisión para el ex dirigente etarra como "inductor y cooperador necesario" en el atentado frustrado.
Según el representante del Ministerio Público, el atentado fue realizado materialmente por un comando de apoyo al "comando Vizcaya", "tomándose la justicia por su mano", puesto que, "según los etarras, el bar era utilizado por narcotraficantes".
Iglesias Chouzas, "Gadafi", organizó un grupo de apoyo al "Comando Vizcaya" para recabar información sobre objetivos terroristas. Los integrantes de este comando dieron instrucciones, en enero de 1991, al grupo de apoyo sobre el manejo de armas y confección de explosivos.
Ese mismo día, los miembros del comando de ayuda se trasladaron a Santurce y decidieron colocar el artefacto que habían elaborado en una taberna de esa localidad, aunque finalmente el explosivo fue desactivado por la Policía, tras ser detectado por unos transeúntes dentro de una bolsa de basura. Uno de éstos testificó hoy ante el tribunal y aseguró que abrió la bolsa, con un kilo de explosivos, pensando "que era un bocadillo de chorizo".
Se trata de la segunda vez que "Gadafi", quien aún está pendiente de más de una veintena de juicios en España, es juzgado en menos de una semana por la Audiencia Nacional. La Sección Segunda le juzgó el pasado jueves por primera vez tras su entrega definitiva por las autoridades francesas, en septiembre de 2005, y la Fiscalía pidió 148 años de cárcel por un atentado en enero de 1990 que causó la muerte de dos personas e hirió a otras cuatro. El 13 de marzo, "Gadafi" se enfrentó a otro juicio, por el robo en 1991 de una máquina troqueladora, pero fue aplazado para estudiar si los delitos que se le imputan están prescritos, como alegó entonces su defensa.
