MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso ha rebajado a entre 2 y 7 años de cárcel las penas de entre 4 y 12 que solicitaba para 14 acusados por actos de 'kale borroka' ocurridos entre 1996 y 2000 en San Sebastián, argumentando que en todos los casos concurre la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa estuvo paralizada durante cuatro años.
Durante la sesión celebrada este viernes, el representante del Ministerio Público ha mantenido su acusación por los delitos de integración en organización terrorista y depósito de sustancias inflamables y explosivos, aunque ha rebajado las penas que solicitaba para los acusados, que alegaron ante el tribunal que los hechos ocurrieron en la década de los noventa y ahora tienen "trabajos, familias e hipotecas".
El fiscal, que señalaba en su escrito provisional de conclusiones que el procedimiento estuvo paralizado "por causa no imputable a los procesados" entre febrero de 2004 y junio de 2008, ha rebajado de 12 a 7 años la petición de cárcel que solicitaba para Aitor Abanda Pagola e Ibon Toledo Portu, camareros del bar 'Herria', en cuya bajera se halló material para la confección de 'cócteles molotov' que se habrían utilizado en los ataques. A los dos les atribuye el delito de integración o colaboración en organización terrorista y el de depósito de explosivos en calidad de "promotores".
También ha solicitado cuatro años de cárcel en lugar de los seis iniciales para José Antonio Astigarraga, Aitor Domezain, Gorka Iruretagoyena, Garakoitz Mendizabal, Lartaun Rodríguez y Beñat Echart, a los que acusa de un delito de pertenencia a banda armada. No obstante, añade que en caso de que el tribunal estime que su actuación se limitó a una colaboración la condena se limite a tres años.
Finalmente, ha modificado su escrito de conclusiones provisionales para rebajar de 4 a 2 años la petición de cárcel correspondiente a Miren Agurtzane Zubiaurre, Francisco Gabriel Isasa, José Ángel Catalán, Josetxo Ibazeta, Francisco de Asís Rodríguez y Fernando Bert Arretxea, miembros de la citada asociación 'Herria'. Otro procesado por estos hechos, Aitor García Justo, no ha sido juzgado al estar encarcelado en Francia.
GRITOS DE GUEVARA
El fiscal considera que los procesados se coordinaban para perpetrar actuaciones de violencia callejera en apoyo de la banda terrorista ETA y, entre otras acciones, atacaban con líquido inflamable instalaciones de Correos, teléfono y juzgados, quemaban autobuses y cajeros bancarios, realizaban pintadas a favor del reagrupamiento de presos y lanzaban piedras a edificios públicos.
Después de realizar las "indiscriminadas" acciones dirigidas a "crear en la población situaciones de terror", los miembros del 'talde Y' se reunían en un local de la Asociación Cultural 'Herria', donde guardaban publicaciones y propaganda de ETA.
En la primera jornada del juicio, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, protagonizó un incidente a gritos con el abogado de la defensa Zigor Reizabal, al que pidió que se investigara después de que éste abandonara la sala de vistas alegando que él y sus compañeros no habían preparado el procedimiento porque habían alcanzado una conformidad con el fiscal que finalmente no llegó a producirse.