ETA-Fiscal ve pruebas irrefutables contra el comando Vizcaya y tilda de "desagradable sorpresa" los tranquilizantes

Abogada de Goikoetxea denuncia la coerción" que sufrió cuando habló del secuestro del concejal y pide que el vídeo no sea válido

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 12 (EUROPA PRESS)

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha defendido que existen "pruebas irrefutables y objetivas" para condenar a penas que oscilan entre los 8 y los 49 años de cárcel a los presuntos miembros y colaboradores del 'comando Vizcaya' de ETA. En concreto, ha afirmado que el jefe del grupo, Arkaitz Goikoetxea, reconoció en un vídeo su intención de "secuestrar y ejecutar" a un ex concejal socialista de Eibar y condujo al zulo en el que se encontró la "desagradable sorpresa" de ver un sinfín de tranquilizantes y jeringuillas para llevar a cabo la acción terrorista.

En la sede de la Audiencia Nacional situada en San Fernando de Henares (Madrid), el representante del Ministerio Público ha recordado la intención de los terroristas de secuestrar y asesinar al entonces concejal Benjamin Atutxa "sólo" porque formaba parte de "una opción política" que consideraban "intolerable".

González Mota se ha referido al vídeo, con imagen y sonido, que proyectó la Audiencia Nacional por primera vez en su historia con la declaración de un presunto etarra ante un juez de instrucción. En la cinta se podía ver a Goikoetxea explicar "detalladamente" al magistrado Baltasar Garzón el plan dirigido a acabar con la vida del ex concejal del PSE. "Siguiendo una dinámica operativa que ya tristemente conocimos en anterioridad en una operación efectuada por ETA como fue el asesinato de un cargo político", ha añadido el fiscal refiriéndose al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado en 1997.

El Ministerio Público ha rebajado de 64 a 49 años de cárcel su petición de pena para el jefe del 'comando Vizcaya' de ETA, Arkaitz Goikoetxea, al retirar la acusación de conspiración para cometer el asesinato del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, aunque ha mantenido la imputación por pertenencia a ETA, tentativa de secuestro del ex concejal del PSE en Eibar Benjamín Atutxa, falsificación de documento oficial y depósito y tenencia ilícita de explosivos y armas.

Estima que las armas, explosivos y documentación falsa incautados en los registros domiciliarios permiten castigar con penas de 20 años de prisión a Iñigo Gutiérrez Carrillo y Aitor Cotano Sinde por integración en organización terrorista y con 18 a Maialen Zuazo Aurrecoechea por almacenar armas y explosivos y colaboración con banda armada. Por este último delito también pide otros 8 años de cárcel para Ana Isabel Prieto Furundarena, Adur Aristegui Aragón y Gaizka Jareño Ugarriza.

Frente a la versión del jefe de 'comando Vizcaya', que exculpó a su pareja Maialen Zuazo y aseguró que no "colaboraba ni pertenecía" a ETA, el fiscal ha sostenido que la acusada sí integraba y colaboraba con la organización criminal según revelan las vigilancias efectuadas y las huellas encontradas en una cinta adhesiva destinada a fabricar un artefacto explosivo.

A pesar de que Goikoetxea dijo que Zuazo "no sabía ni tenía por qué saber" que él era miembro de ETA, González Mota ha subrayado que "no era ningún secreto" que estaba siendo buscado por las Fuerzas de Seguridad por su pertenencia a la banda terrorista.

Tanto el Ministerio Público como la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), han indicado que los médicos forenses refutaron la versión de los imputados al no apreciar marcas de malos tratos y han solicitado al tribunal, formado por los magistrados Manuela Fernández de Prado, Nicolas Poveda y Javier Martínez Lázaro, que "declare probado que se trató a los detenidos de forma correcta".

La acusación popular ha destacado que el estuche con tranquilizantes hallado el 24 de julio de 2008 en el zulo de Pazuengos, en La Rioja, revela el "propósito claro y evidente" así como la "voluntad inequívoca" que tenían los terroristas de secuestrar a Atutxa. La AVT ha retirado de su escrito de acusación el delito de tentativa de asesinato del juez Grande-Marlaska porque no se ha probado esta voluntad "más allá de manifestaciones genéricas".

LA JUEZ PIDE AL PÚBLICO "NO APLAUDIR"

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal, los abogados de la defensa -entre ellos Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta-- han solicitado al tribunal que dicte una sentencia absolutoria y han pedido la nulidad de las pruebas practicadas al entender que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus representados. Asimismo, han reprobado que los vídeos grabados en dependencias policiales sólo recogen imágenes de los calabozos y sus accesos y en ellos "no estaban grabadas todas las horas en las que estuvieron sometidos a detención".

En el momento en el que la letrada Arantza Zulueta ha finalizado su intervención, en la que ha denunciado que la incomunicación de los detenidos "da cobertura a la tortura", la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, se ha visto obligada a advertir a los familiares y amigos de los acusados presentes en la Sala: "No, por favor, el público no puede aplaudir".

La defensa de Arkaitz Goikoetxea ha considerado que las pruebas que incriminan a su cliente no son válidas y ha denunciado el "grado de coerción" que sufrió el jefe del 'comando Vizcaya' cuando declaraba ante Garzón y varios guardias civiles en el monte de Pazuengos. Tras afirmar que no reconoció en sede judicial el intento de secuestro y asesinato del concejal socialista, ha criticado que no el vídeo presenta "cortes", que el inculpado se encontraba esposado y que no consta la lectura de sus derechos.

El juicio finalizará este miércoles con los informes de conclusiones de otros dos abogados de la defensa y el turno de última palabra de los acusados.